MADRID, 8 (OTR/PRESS)
Para el más difícil todavía, en España siempre podremos contar con algunos jueces. Cuando todavía no nos habíamos repuesto del estupor por lo ocurrido en Pozuelo de Alarcón (Madrid) -un botellón violento, una manada de niñatos borrachos que terminaron quemando coches e intentando asaltar una comisaría-, viene una juez y pone en libertad sin cargos a la veintena de detenidos. Los policías heridos y el resto de sus compañeros no salen de su asombro; los ciudadanos a los que les machacaron los coches, tampoco, pero no hace falta ser sociólogo para concluir que los chavales que participaron en el ataque están encantados con la decisión de la juez.
José Antonio Marina suele recordar un dicho africano que proclama que para educar a un niño se necesita toda una tribu. Es tarea de padres, parientes, vecinos, maestros, medios de comunicación (¡qué desgracia la televisión!) y, por supuesto, también de los jueces. Se educa en casa y se enseña en la escuela, pero también las decisiones judiciales cumplen una función pedagógica. O, deberían. Tengo para mí que en este caso no se ha cumplido. El mensaje que manda la juez de Pozuelo a los jóvenes del lugar es que, en fin, la cosa no es para tanto. Si en vez de la comisaría hubieran intentado asaltar el juzgado, quizá hubiera sido otra la decisión de su señoría. Una decisión que hubiera tenido en cuenta la alarma social provocada por la actuación de estos bárbaros.
