José Cavero – El caso Faisán, suma y suspense.


MADRID, 9 (OTR/PRESS)

Sigue suscitando controversia la decisión de archivar el llamado Caso Faisán, el presunto soplo a la trama etarra de extorsión que significó que aquella trama, perfectamente conocida y perseguida por la policía, pudiera continuar con sus prácticas. Se preguntan ahora algunos analistas qué espera Garzón para activar aquel sumario del bar «Faisán, y si nos hallamos ante una amenaza del juez estrella para no tirar de la manta antes de ser sancionado por prevaricar.

¿Está manejando los tiempos de cara a las próximas elecciones vascas?, se pregunta también otro analista de la situación vasca. Lo cierto es que no cesa el enfado que causa el posible autor del chivatazo producido en la época en que ZP se afanaba en complacer a los terroristas. Aún hay muchas otras preguntas por responder: ¿se hizo esa llamada desde un teléfono cercano a la sede del PSOE en Ferrraz, o hay que apuntar a el mismísimo director general de la Policía, Víctor García Hidalgo y a sus estrechas relaciones con el socialismo vasco? ¿Qué esconde el caso del Bar Faisán para que la Fiscalía quiera enterrarlo?

Sostiene el diario ABC que el archivo de ese «chivatazo» podría poner en peligro ocho años de investigación policial, nada menos. Tres años ha cumplido ya el caso Faisán, sin que se haya logrado conocer quién dio la orden de hacer la llamada, una de las más truculentas operaciones del Estado. Pero unos cuantos policías de primera nivel, algunos jueces, algunos políticos se han visto salpicados por el feo asunto, mientras muchos reclaman que sea investigado hasta sus últimas consecuencias. Pero, al no tener resultados, aquella operación huele a podrido, y sobre todo, está sirviendo para remover las circunstancias de la frustrada negociación con la banda ETA por el Gobierno, en la anterior legislatura.

El ya muy famoso «sumario Faisán», según ha señalado ABC, incluye años de grabaciones de vídeo, cientos de escuchas y seguimientos, documentos intervenidos a dirigentes de la banda, entre ellos José Fernández Iradi, *Susper*, o Francisco Javier García Gaztelu, *Txapote*; remesas de cartas de extorsión y justificantes de pago de empresarios acreditados por la banda (*salvoconductos* que eximen de atentados); informes periciales de Policía Científica que acreditan la procedencia de los envíos; cotejos de huellas y documentos de etarras, que se remontan a los años 80, como las de Eloy Uriarte, *señor Robles*. También aparecen declaraciones de miembros de la banda en las que se señala a algunos de los pagadores, entre ellos cocineros, y lo que constituyen gran parte del sumario: escuchas policiales entre todos los implicados y con terceros, como las del dirigente del PNV ya fallecido, Gorka Agirre.

Además de hablar de supuestos pagos (en lenguaje críptico) y de cuestiones personales, algunos de los implicados actúan como oficina de empleo de etarras que están pasando por un mal momento. Y no sólo se trata de empresarios vascos y navarros. En el sumario figuran decenas de denuncias de empresarios aragoneses chantajeados de forma masiva entre 2003 y 2004 en una campaña dirigida a todo tipo de sectores. En el sumario no figuran pagos acreditados de estos empresarios. La Policía aporta información patrimonial de los principales implicados, sobre su situación laboral, en desempleo en algunos casos, pero que no les impide recibir ingresos millonarios en sus cuentas corriente, caso de Elosúa. Ese dinero para los investigadores sólo tiene una procedencia: la extorsión.

Según ha explicado El Mundo, que ha sido el diario que ha venido manteniendo viva esta llama del «caso Faisán», inicialmente fueron dos los cuerpos policiales que se encargaron de las investigaciones sobre aquel chivatazo a ETA. «Pero los guardias civiles recibieron datos erróneos de sus colegas de la Policía, datos imprecisos con la intención de que no avanzaran en sus pesquisas», asegura. Además, proporciona datos precisos sobre aquella operación: el juez Fernando Grande Marlaska consideró que era un caso de extrema gravedad, por cuanto los policías que seguían órdenes de superiores políticos, estaban conchabados con etarras. Algo difícilmente soportable para las paredes de la Justicia. El juez instructor del caso entendió que, implicando a la Guardia Civil se podía avanzar con mayor celeridad en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos policiales de la democracia y ordenó a ambos cuerpos que, por separado, elaboraran un informe sobre el tráfico de llamadas la mañana en que el presunto etarra Joseba Elosúa recibió la delación.

La Policía -sigue el relato periodístico- sabía perfectamente el margen horario en que se produjo la maniobra policial. El equipo dirigido por el inspector jefe Carlos G. facilitó a sus compañeros de la Guardia Civil una franja horaria en la que se produjo, según ellos, el chivatazo. Pero esa franja horaria era posterior al momento en que los agentes investigadores sabían que se había producido. Es decir, como consecuencia de los datos entregados por Carlos G. y sus hombres, la Guardia Civil elaboró un informe que remitió al juez sobre el tráfico de llamadas, pero en un horario que no era el que el magistrado había pedido y que no incluía el momento en el que se presume que se produjo la alerta policial a ETA. Posteriormente, tras incorporarse Baltasar Garzón al juzgado, la Guardia Civil fue apartada de las investigaciones por orden de este magistrado.

Todas las pesquisas quedaron en manos del investigador Carlos G., al que los sindicatos policiales insinúan que pudo tener alguna relación directa con los hechos investigados. De hecho, este inspector jefe estaba al frente del equipo policial que investigaba la trama de extorsión de ETA que fue beneficiada con el chivatazo. Es decir, es lamentable que toda esa investigación «se envíe al limbo» y no llegue a tener efectos prácticos por lo que muchos empiezan a considerar como «la gran conspiración de unos pocos policías, jueces y fiscales» para dejar impune un acto increíble: llamar a los extorsionadores de la banda con la advertencia de que están a punto de ser detenidos si realizan el viaje proyectado para las horas siguientes.

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