MADRID, 30 (OTR/PRESS)
De Norte a Sur y de Este a Oeste, la corrupción en España se extiende como una marea negra por todo el país, mientras nadie parece hacer nada. No hay inocentes y todos parecen afectados por este mal que está incrustado en todas las comunidades autónomas y todos los partidos políticos. Sólo en la última semana se ha detenido a los alcaldes de El Ejido, al de Castro del Rey en Lugo y ya han sido puestos a disposición de la justicia nueve personas del llamado oasis catalán, entre ellas, el emblemático alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, y dos viejas glorias de CIU: Macia Alavedra y Luis Prenafeta, en su día importantes colaboradores de Jordi Pujol.
Garzón ha decidido tirar de la manta también en Cataluña, hasta ahora considerado una especie de isla paradisíaca donde se tapaban sistemáticamente sus vergüenzas los partidos políticos. Esta trama catalana demuestra que la corrupción une más que la ideología y es capaz de hacer extraños compañeros de cama a alcaldes, concejales, empresarios y conseguidores sin ningún tipo de escrúpulos. La buena noticia es que ¡por fin!, la justicia ha actuado en lo que era un secreto a voces: que el alcalde del PSC vivía muy por encima de sus posibilidades y que algunas de sus actuaciones urbanísticas eran muy, pero muy dudosas.
La mala, que los dos ex colaboradores de Pujol ya habían sido acusados en distintas causas que siempre se habían archivado. Sólo recordar la famosa amenaza del 3 por ciento lanzada hace años por Maragall que se diluyó rápidamente porque ni CiU ni el PSC estaban interesados en destapar sus respectivas miserias. Sea como fuere, además de repudiar el latrocinio, los políticos tienen que reaccionar y posibilitar las reformas legales necesarias para que estos hechos escandalosos no se repitan. Si no se ataja y se corta de raíz este cáncer, si la democracia no acaba con la corrupción, la corrupción acabara minando la democracia y no habrá inocentes.
