MADRID, 31 (OTR/PRESS)
Los medios informativos estuvieron pendientes, hasta muy última hora de la noche del viernes, de la suerte que el juez Garzón determinaría para sus detenidos en el Caso de Santa Coloma de Gramanet. Como sucedió en Palma, con gran escándalo de algunos «populares», los televidentes tuvimos oportunidad de ver a este grupo de presuntos «chorizos» -Bertomeu Muñoz, Luigi García, Prenafeta, Alavedra, Dobarco- esposados, primero, y seguidamente ya camino de la cárcel, en otra entrega de las que se han producido «con el escarnio de los telediarios», o con «la pena de telediario», como también se le ha denominado. Se supone con el propósito didáctico de que esta clase de situaciones alguna vez termine de proporcionar ocasiones de escándalo para los ciudadanos corrientes, los contribuyentes, los cumplidores estrictos de sus obligaciones cotidianas.
De nuevo se ha planteado en estos últimos días, ya raíz de los sucesivos escándalos de esta naturaleza, si este es un mal generalizado e inevitable, si nuestro país es único en su género, y si este mal tiene alguna clase de remedio, y cuál pudiera ser. Hemos tenido oportunidad de hacer un seguimiento detallado del caso Gurtel, con sus «dantes y tomantes», su red de comisionistas generosos y su no menos extensa red de políticos que ponían la mano y recibían muy gustosamente «los detalles» que les ofrecían los beneficiados con la atribución de contratos públicos que no tenían que pasar por el trámite del concurso por el sencillo recursos de partir en dos o en tres uno de tales contratos de adjudicación de servicios.
Pero también hemos comprobado el Caso Mollet, en el que un ilustrísimo prócer catalán, por encima de toda sospecha durante décadas, había caído en el mismo mal de la avaricia personal, del lucro desmedido y de la generosidad con quien le venía en gana, por ejemplo, partidos independentistas sin futuro alguno. Y en fin, en la próspera Cataluña del «oasis» y del tres por ciento de comisiones a los políticos, hemos contemplado de la reducción de viejos caciques de otros tiempos, los convergentes Prenafeta y Maciá, coaligados con dirigentes socialistas en gobiernos locales. ¿Todo está tan corrompido como parecen indicar estos casos, y Marbella, y El Ejido, y Estepota, y Ciempozuelos, y tantos y tantos más? Hay un serio temor en la ciudadanía en que lo que llegamos a conocer sobre asuntos turbios es tan sólo una mínima parte de lo que de verdad está sucediendo, aunque posiblemente magnifique el deleznable retrato de la realidad el mayor esfuerzo que vienen haciendo los fiscales y algunos jueces en todo el país.
Insisten nuestras autoridades en que la situación no es peor que es otros tiempos, no batimos récord de corrupción, pero estamos dando mucha mayor importancia y tienen mucho más eco esta clase de asuntos turbios. A los dirigentes políticos les corresponde buena parte de esa tarea didáctica de expulsar del partido a los corrompidos, y no de situarse a su lado y en su defensa, como ha sucedido en ocasiones recientes. Hay que congratularse de que, finalmente, Rajoy y Cospedal se han situado donde les corresponde, exigiendo a Camps y Costa que depuren sus propias responsabilidades y las de quienes tienen compartidas esas funciones de vigilar a los vigilantes de la decencia.
