MADRID, 5 (OTR/PRESS)
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dada a conocer el pasado lunes aportaba un dato muy significativo: en opinión de los encuestados, el cuarto problema que tiene España es la clase política y los partidos, situándose por detrás del problema número uno, el paro, de los problemas económicos y de la inmigración, pero por delante del terrorismo de ETA o de la vivienda. A nadie debería de extrañar que esto sea así, después del lamentable espectáculo que durante meses viene dando buena parte de esa «clase política» y algunos partidos políticos por no decir todos. Pero no deja de ser grave que tanto el instrumento concebido por la democracia para encauzar la representación de los intereses legítimos de los ciudadanos, como las personas encargadas de dirigir e impulsar ese instrumento, sean percibidas no como la solución a sus problemas, sino como un problema en si mismo.
Decir que la clase política está muy desprestigiada es subrayar lo obvio. Tampoco querría caer en la demagogia barata de decir que todos los políticos son iguales y muchos menos que todos son corruptos. No, de ninguna manera. Hay muchos políticos que se dedican a la cosa pública con una clara intención de servir al bien común, de contribuir al bienestar y al progreso de los ciudadanos. Ejemplos de esta conducta se encuentran en las diversas esferas de la vida pública pero especialmente en aquella que es la más cercana a los ciudadanos y que está constituida por miles y miles de concejales de ayuntamientos que dedican una muy buena parte de su tiempo, sin remuneración alguna, a servir, reitero, a sus conciudadanos.
El problema viene cuando unos pocos o según se mire no tan pocos hacen, como mínimo, de la política un modo de vida. No digamos nada ya de los numerosos casos de corrupción que salpican prácticamente a todos los partidos y se extienden a lo largo de toda nuestra piel de toro. El problema se agranda cuando las direcciones de los partidos no toman medidas drásticas contra los corruptos o toleran actuaciones que serían duramente castigadas en cualquier otro ámbito de la vida civil.
Dos ejemplos de esto último lo constituyen, por ejemplo, las reacciones de cierta clase política catalana a los noticias sobre posibles casos de corrupción que se han conocido estos días y que afectan a personas que fueron colaboradores muy estrechos del ex presidente Pujol y a miembros del PSC. Se ha llegado a decir que todo ello es un ataque a Cataluña, lo cual constituye un verdadero dislate. El segundo ejemplo lo protagoniza el PP. Resulta que su Comité de Derechos y Garantías suspende temporalmente de militancia, es decir que deja de formar parte del partido, a Manuel Cobo por sus durísimas declaraciones contra Esperanza Aguirre, pero el jefe de Cobo, Gallardón, le mantiene en su puesto de vicealcalde. ¿Es eso lógico? Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más, que explican por qué la clase política/partidos es el cuarto problema para los españoles. Y como sigan así tendrán serias posibilidades de alcanzar en próximas encuestas un puesto en el podio.
