MADRID, 12 (OTR/PRESS)
La decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos hecha pública el miércoles de desestimar el recurso presentado por el brazo político de ETA, Batasuna, contra la sentencia dictada por el citado Tribunal el pasado mes de junio en la que se aseguraba que su ilegalización se hizo conforme a derecho, supone un duro golpe, fundamentalmente para la propia banda terrorista que así tendrá que perder toda esperanza de poder seguir burlándose de la democracia mediante la presencia en las Instituciones.
Pero también esta decisión del Tribunal con sede en Estrasburgo pone en su sitio a todos aquellos grupos políticos y agentes sociales que han basado su crítica a la ilegalización de Batasuna por parte del Tribunal Supremo en el 2003 y confirmada en junio de este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el argumento falaz de que se estaban persiguiendo ideas y que se estaba dejando fuera del juego político a esos miles de ciudadanos vascos que han votado siempre a Batasuna, se llamara esta como se llamara. Y entre esos partidos se encuentran Eusko Alkartasuna, Aralar, Izquierda Unida y en cierta manera hasta el propio PNV, aunque el presidente de este partido, Iñigo Urkullu, declaró nada mas conocerse el rechazo del Tribunal de Estrasburgo al recurso presentado por los pro-etarras que «esta decisión pone el contador a cero para Batasuna que debe tener claro que el tiempo de ETA ha terminado». Algo es algo.
A Batasuna no se la ilegalizó por el Tribunal Supremo con un objetivo de «perseguir ideas», sino para impedir lisa y llanamente que los terroristas tuvieran voz en las Instituciones y cobraran de las mismas. Los Tribunales españoles dictaminaron en su momento que Batasuna=ETA, y por lo tanto, era un instrumento creado por la banda terrorista para utilizarlo en su servicio. La prueba del nueve es que nunca, nunca, ningún dirigente de Batasuna ha condenado ningún atentado de ETA, lo cual como dictaminó en junio el Tribunal de Estrasburgo significa en la práctica «una actitud de apoyo tácito al terrorismo».
Pero todavía hay una asignatura pendiente que corresponde superarla, fundamentalmente, al Gobierno de Zapatero. Con esta ratificación del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna, el Ejecutivo no puede retrasar más la adopción de las medidas que sean necesarias para sacar de los 48 ayuntamientos vascos y navarros donde están presentes a otra «marca» de ETA, ANV, que en las elecciones municipales del 2007 el ejecutivo de Zapatero y el Fiscal General del Estado, permitieron que se presentaran porque en aquellos momentos «convenía». El aislamiento institucional de ETA no será completo mientras que haya un solo concejal de ANV en su puesto y cobrando del erario público. Algunas cosas están cambiando en el País Vasco desde la llegada del lehendakari López a Ajuria-Enea con el apoyo del PP. Después de la decisión de Estrasburgo, el Gobierno de Zapatero, si quiere, lo tiene más fácil.
