MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Sería muy interesante dilucidar si un Poder Judicial presidido por un magistrado que desempolvó la misa para celebrar la apertura del año judicial puede impedir a una abogada musulmana llevar pañuelo en la cabeza en los tribunales. También sería conveniente saber si un jerarca de la iglesia Católica puede lanzar impunemente una acusación de genocidio al Estado sin que suceda absolutamente nada. Y no estaría mal que el PP nos explicase si es compatible que sus dirigentes no puedan hablar en público – mal, se entiende – de sus compañeros y sin embargo utilizar la tribuna de un parlamento para acusar al líder de la oposición de desear verle muerto en una cuneta al amanecer, como lo ha hecho Francisco Camps en las Cortes valencianas.
Igualmente sería conveniente establecer los mecanismos pertinentes para que aquellos implicados en casos de corrupción que merecen la suspensión de militancia en sus respectivos partidos tuvieran que abandonar también sus escaños, para que no se dé la paradoja de que un político al que se retira el carnet pueda sin embargo ostentar la representación popular con todos sus privilegios. Y la ciudadanía agradecería criterios firmes y permanentes sobre cuál ha de ser la reacción del Estado frente al chantaje terrorista de los secuestradores. Hace unos años, en una situación muy dramática, pareció que todos lo teníamos muy claro.
Tampoco es debate menor, aunque lo parezca comparado con lo precedente, el que se ha abierto con el nombramiento de Alberto Oliart como presidente de RTVE. Y siento que una persona como él se encuentre en el centro de un huracán como este. Aunque no tengo duda de que quien gestionó con brillantez unas Fuerzas Armadas entre dos intentonas golpistas sea capaz de culminar el proceso de transformación de nuestra televisión pública.
Cuando el ruido inmediato cese, convendría que nos pusiéramos a hablar de estos y otros asuntos con la serenidad que requieren y la seriedad
