MADRID, 14 (OTR/PRESS)
La petición de endurecimiento de las penas para los terroristas y pederastas ha llegado a ser un clamor social al hilo de trágico sucesos que han conmovido a la sociedad en los últimos años. La puesta en libertad del etarra De Juana Chaos o el asesinato de la niña Mari Luz, a manos de un pederasta, hicieron salir a la calle a miles de ciudadanos pidiendo un cambio legal.
No se debe legislar a golpe de emociones ni el Gobierno se debe dejar llevar por el dolor de las víctimas. No obstante el viejo Código Penal se había quedado obsoleto y ahora, sin presión popular, llega la ansiada reforma.
Se corrige algo tan obvio como el que no puedan prescribir nunca, jamás, los delitos de terrorismo en los que se haya provocado una víctima mortal. En cuanto a los pederastas, estarán estrictamente vigilados cuando salgan de prisión tras cumplir la pena, tendrán que llevar una pulsera electrónica al menos diez años y no podrán acercarse a sus víctimas.
El otro objetivo de esta reforma era, sin duda, el terrorismo islamista; tan mal delimitado en el antiguo Código y que suscitaba a los jueces muchas dificultades para probar la pertenencia a grupos organizados. La desgraciada experiencia, tras el 11-M y las numerosas células yihadistas detenidas en España, han permitido describir jurídicamente el comportamiento delictivo de este nuevo terrorismo del siglo XXI.
La brillante labor policial, evitando atentados fundamentalistas y deteniendo a presuntos terroristas, se desmorona cuando el Tribunal Supremo anula las condenas de prisión considerando que no quedaba probado que formaran un grupo organizado para atentar, aun a pesar de que habían sido pillados con los explosivos. Pero los terroristas alegaban que los unía la fe y la enseñanza del Islam y ahí se acababa todo.
También se ha incluido el delito de piratería que, como en una regresión de película, vuelve a la legislación de este milenio. No servirá para saber que se hace con los dos secuestradores somalíes que, en un grave error político, se trajeron a España pero, al menos, estará en el Código Penal. Porque la piratería, existir, existe, como en tiempos de Barbarroja.
Y por último, se corrige una desmesura inaceptable: los manteros no irán a la cárcel por el simple hecho de intentar ganarse la vida vendiendo unos CD pirateados por otros. No se legaliza el «Top Manta», pero no se le hace pagar el pato al eslabón más frágil del negocio: el pobre inmigrante sin papeles que no tiene otra manera de ganarse unos euros y al que siempre pilla la policía. Si le cogen tendrá que trabajar para la comunidad, aunque el que debería hacerlo es el que copia el material audiovisual.
Surgirán nuevos delitos, se cometerán crímenes horrendos y desaparecerán otras barbaries, pero la labor del legislador es adaptar las leyes a los tiempos. No en caliente y por motivos electorales sino con sensatez y cordura.
