MADRID, 16 (OTR/PRESS)
El retraso acumulado por el Tribunal Constitucional para dictar sentencia sobre la constitucionalidad o no del nuevo Estatuto de Cataluña es de los asuntos más graves y escandalosos que han sucedido en los últimos años y que sin duda va a dejar muy tocado cuando no herido de muerte al Alto Tribunal.
No es comprensible lo que está pasando y al mismo tiempo, aunque pueda parecer contradictorio, si lo es. Me explicaré. No es comprensible que se tarde más de tres años en elaborar una sentencia sobre un texto estatutario que dependiendo lo que diga el TC va a marcar el futuro político no solo de Cataluña sino de lo que se ha venido en llamar el Estado de las Autonomías. La reforma del Estatuto de Cataluña fue un empeño personal del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, secundado por Zapatero aunque éste, al final, le dio todo el protagonismo del acuerdo al líder de CIU, Artur Mas. Un Estatuto que fue aprobado en referéndum con el voto afirmativo de uno de cada tres habitantes de Cataluña, ya que hubo una abstención superior al 50 por ciento. Como acertadamente ha recordado el diputado del PP Federico Trillo se tardó mucho menos tiempo en elaborar la Constitución, en comparación con el que están empleando ahora los magistrado del TC para ponerse o no de acuerdo sobre lo que no deja de ser una sentencia sobre un texto emanado de aquella.
Y es comprensible lo que está pasando desde el momento en que el TC en su composición y en la forma de elección de los magistrados que lo integran da un protagonismo y una influencia a todas luces excesiva a los partidos políticos. Con lo que al final, las decisiones de hondo calado político -y la sentencia pendiente sobre el Estatuto de Cataluña lo es- está condicionada por esa circunstancia. De esta manera se entiende que se publique, y nadie se escandalice ni ponga el grito en el cielo por ello, que el Gobierno ha dicho a la actual presidenta del TC, María Emilia Casas, que caso de no llegar a un consenso en las próximas semanas entre los magistrados, aplace por un año, hasta después de las elecciones catalanas que tendrán lugar en el próximo otoño, la decisión definitiva.
Quizás al ciudadano de a pié que está sufriendo desde hace ya varios meses la crudeza de la crisis económica le importe poco o nada lo que vaya a decir el TC sobre el Estatuto de Cataluña. Sus preocupaciones, lógicamente, van por otra dirección. Pero siendo esto así, también hay que colegir que la imagen de utilización de las instituciones para unos intereses concretos; la sensación de inseguridad jurídica que se crea al retrasar un pronunciamiento sobre un texto que afecta directamente a la vida de los ciudadanos, en este caso de Cataluña, en aspectos esenciales como la lengua, la financiación o la justicia, no es buena para nadie y sobre todo desprestigia no solamente al propio Tribunal Constitucional, sino a todo el Estado de Derecho, del que el Alto Tribunal es una pieza muy importante.
