MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Posiblemente quepa enmarcar la decisión del Tribunal Supremo de que el Tribunal Constitucional tenga que indemnizar por el daño que causen sus retrasos, a la serie de encontronazos que las dos altísimas magistraturas han venido manteniendo, no sin escándalo, habitualmente, de muchos juristas y ciudadanos en general. Lo cierto y la noticia es que, en efecto, el Tribunal Supremo, última instancia en las competencias judiciales, ha establecido que la tardanza del TC en dictar resoluciones, puede provocar, y de hecho, provoca pérdidas patrimoniales o perjuicios que pueden llegar a ser muy importantes, y que por esta razón, el Estado, como poder soberano absoluto, habrá de compensar tales pérdidas y daños. De nuevo, es seguro que juristas y ciudadanos en general hayan quedado atónitos con esta pretensión del TS sobre el TC. Pero el precedente en el que se basa la noticia da cuenta del caso de una recusación que el Constitucional tardó nada menos que tres años en inadmitir o rechazar. Curiosamente, la decisión del TS se produce poco después de que el TC se hubiera blindado para que nadie, y especialmente el TS, pudiera inmiscuirse en su jurisdicción. Pero vemos de nuevo que el Supremo no abdica de dar la última palabra sobre los asuntos que llegan a los tribunales de justicia, incluidos los que llegan a la instancia que tiene como propósito esencial la interpretación de los mandados de la Constitución.
A la hora de observar algunas materias en las que el TC lleva más años de dedicación de los establecidos por las normas vigentes, sobresale el Estatut de Cataluña, con tres años ya de retraso sobre lo debido, pero también, que una parte de los propios magistrados del Constitucional han sobrepasado en dos años el tiempo de su propio mandato. Sin detenerse en muchos otros asuntos que esperan su turno, y hacen colas larguísimas, entre las cuestiones que son recurridas a los magistrados del TC. Es evidente que ni funciona con la celeridad y prontitud que cabría esperar de una institución de esa importancia y trascendencia. En particular, la demora que se viene produciendo por causa de la sentencia del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña viene mereciendo las críticas y hasta las amenazas más severas de los partidos catalanes y de sus líderes. Todavía ayer, uno de los consejeros del Tripartito catalán, Joan Saura, reclamaba la exigencia de la dimisión de todos y cada uno de esos magistrados que tienen «secuestrada» la sentencia por falta de acuerdo y entendimiento a la hora de entender si el Estatut cumple o no las exigencias constitucionales. Pero entre los dirigentes políticos catalanas hemos podido escuchar muchas otras voces de insatisfacción: Por la tardanza misma, o por el miedo a que el texto que finalmente se apruebe diste mucho del que llegó a al TC hace tres años, y sea sustancialmente «censurado» y modificado a su paso por el Constitucional.
Rodríguez Zapatero trataba de dar tranquilidad a sus correligionarios del PSC, tan intranquilos como cualquier otra fuerza política catalana. Jordi Pujol decía recientemente que, sea cual fuere la sentencia, y dan por descontado que recortará los planteamientos del Estatut, no tendrían más remedio que aceptarla, o de lo contrario, decía, «nos enviarán a la guardia civil». Y son muchas las advertencias de otros líderes catalanes sobre la probable insumisión y las críticas que pudiera merecer esa tan esperada, y también temida, sentencia del TC. Ese es el clima que provoca una tardanza tan amplia. Ahora, y tras la decisión de ahora del Supremo, habría que preguntarse qué clase de daños y perjuicios y cómo podrían cuantificarse, ocasiona la excepcional tardanza del TC en decidir sobre el Estatut catalán.
