MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Tras el anuncio efectuado el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, este viernes los ministros dieron su aprobación al mucho tiempo esperado proyecto de ley de Economía Sostenible. No es menos cierto que poco se sabía de la concreción misma del texto y de sus propósitos, salvo el propósito global e inconcreto de crear una nueva alternativa a industrias fallidas en el tiempo penoso de la crisis… Han señalado algunos medios informativos que esta ley es «un cajón de sastre», que la falta se consenso social ha provocado retrasos, y que la pasado casi medio año para que este proyecto estrella del Gobierno haya salido a la luz, en buena medida a causa de la falta de consenso social, que ha provocado buena parte de los retrasos. Otra de las críticas dirigidas al proyecto, horas antes de su divulgación, ha hablado de «simples retales para cambiar de patrón», señalando que el gobierno pretende renovar el modelo productivo sin hacer reformas estructurales…
Según otra crónica periodística de esta misma mañana, algunos de los ministerios implicados remitieron sus propuestas el pasado miércoles, y sólo ayer quedó cerrado el proyecto de ley, porque el equipo económico del presidente del Gobierno estuvo trabajando hasta última hora en la redacción definitiva del proyecto, por más que el Gobierno niegue improvisación en la elaboración de esta ley. Pero ya esta misma mañana, en los diarios de este viernes, se empezaban a concretar algunas de las medidas que trae consigo este proyecto: La morosidad y los dilatados plazos de pago en las facturas es uno de os objetivos de la norma, que pretende limitar a sesenta días el plazo máximo de pago. Habrá menos burocracia para abrir una industria. Se impulsará la salida de las empresas al exterior. Pero también se ocupará, este instrumento con el que el Gobierno pretende impulsar el cambio de modelo económico en España durante la década que viene, de reformar el sistema financiero, estableciendo mayores mecanismos de regulación y de control así como límites a los incentivos de los altos directivos.
La nueva ley, asimismo, aprobara un fondo de 20.000 millones para apoyar la financiación del sector privado en proyectos de inversión en I+D tecnológico, internacionalización de la empresa, en el ahorro y la eficiencia energética y en el desarrollo de servicios sociosanitarios. Este fondo se suma al de 5.000 millones ya aprobado el mes pasado. La ley también se propone reformar los organismos reguladores para aumentar su eficacia, simplificará las relaciones de las empresas con las Administraciones y favorecerá la competitividad en la contratación pública. En materia energética, lanzará las empresas de servicios energéticos, fijará la prospectiva energética hasta 2020, y desarrollará la movilidad sostenible, incluido el coche eléctrico.
Otra cuestión que aborda la ley: la anunciada reforma de la desgravación por compra de vivienda, con un fuerte impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas de alquiler, y al I+D+i del sector privado. A todo lo cual hay que añadir la estrategia global para el crecimiento económico sostenible, que fijará otra serie de iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser aprobadas en esta legislatura en curso. Tampoco estará ausente de este proyecto de ley la sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones públicas. Como dice un diario, el anteproyecto se ha convertido en una suerte de ley ómnibus donde tienen cabida iniciativas de muy diferente signo, empezando por el lavado de cara de todos los organismos reguladores, incluido el Banco de España. Algunos creen ver en el texto un cierto afán dirigista gubernamental. Tampoco faltan sectores que se han dirigido al Gobierno para ser tenido en cuesta en esa «ley total»: Los representantes de la industria y del turismo, por ejemplo, han reclamado una inclusión específica de sus sectores en esta esperada ley…
A todo esto hay que añadir que la estrategia anticresis que elabora el Gobierno en este proyecto de ley, contiene también un impulso del diálogo social
