MADRID, 28 (OTR/PRESS)
De todo el gran lío que se ha organizado en torno al Estatuto catalán, varias cosas han quedado repetidamente de manifiesto, y ambas no cooperan precisamente al prestigio de los «juzgadores»: primero y principal, su exasperante lentitud. Digan lo que digan sus señorías los magistrados, habrán sido causantes de este enorme embrollo rayano a la desesperación: tres años y medio para emitir una sentencia sobre un recurso del PP es, en todo caso, «una pasada». En segundo lugar, los diez magistrados no se terminan de poner de acuerdo en si un texto cumple o no los mínimos para ser calificado constitucional o inconstitucional. Gravísima cuestión, que permite pensar al ciudadano que todo es relativo, y que no hay verdades absolutas en esa tarea de determinar lo adecuado o lo inconveniente. Si los expertos no saben y no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿quién podrá determinar si, finalmente, la norma es o no es contraria a Derecho? Sólo el hecho de haber abierto esa puerta a la duda es espeluznante.
Tercera cuestión, cuatro de los diez magistrados debieron haber abandonado su puesto ya hace mucho tiempo, es decir, están «caducos» como los alimentos pasados de fecha de consumo. Y eso lleva a la gran cuestión de fondo, también suscitada en estos días de controversia: los magistrados del TC se han constituido, o están funcionando desde el primer momento, como una «cuarta cámara legislativa», como el Congreso, el Senado, el Parlamento regional y hasta el Consejo del Poder Judicial. Todas son cámaras de distribución de miembros en función de los resultados electorales. Algo, ciertamente, perverso. Con otra peculiaridad derivada: que quienes designan a sus señorías los magistrados tampoco consiguen la renovación o el relevo de los miembros en la fecha debida. Ahora, por ejemplo, o hace unos cuantos meses, hubiera sido conveniente el «ajuste fino» de esa altísima magistratura, pero ni Rajoy ni Zapatero han conseguido -apenas lo han intentado- ponerse de acuerdo en los relevos. El intento que hicieron quedó reducido al CGPJ por causa de algunos candidatos que no reunían las condiciones mínimas, y que siguen a la espera de ver reconocidos sus méritos «políticos».
De modo y manera que hemos llegado a la peor de las situaciones posibles: el mecanismo no funciona, porque alguien tiene que ceder y no está dispuesto a ello, y porque nadie está en condiciones de remover y renovar ese mecanismo. O sea, nadie sabe cómo arreglar el entuerto del Estatuto de Cataluña, y las voces que están reclamando la renovación urgente del Tribunal Constitucional para desbloquear las deliberaciones sobre el recurso que su contra presentó el PP hace tres años, claman en el vacío o en el desierto. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, admitió que este asunto, el de la renovación del Constitucional, estará en el próximo encuentro entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy. De esta forma abrió paso a un posible desbloqueo. En efecto, con un «habrá cita», anunció De la Vega la primera reunión oficial entre ambos líderes desde hace un año. No obstante, durante estos meses los dos máximos dirigentes han mantenido algunos contactos telefónicos, como el que tuvieron hace tres semanas para acordar la designación del nuevo director de RTVE, Alberto Oliart. O más recientemente, la información que Zapatero dio a Rajoy sobre la solución para el Alakrana, que, por cierto, parece que excitó los deseos de Rajoy de «crucificar» al presidente.
De manera que la renovación del Constitucional vuelve así al primer plano, en plena tensión política por la posible sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El editorial conjunto de la prensa catalana del pasado jueves, en que se ha cuestionado la capacidad de un tribunal donde faltan dos miembros -uno recusado y otro fallecido- y de los cuatro restantes, cuatro siguen en su puesto pese a haber vencido su mandato hace dos años, ha puesto una nota de urgencia en la cuestión. La vicepresidenta primera dijo ayer que es necesaria «voluntad política» entre los dos partidos mayoritarios. «Estamos dispuestos a hablar para que la renovación se produzca en el tiempo que marca la Constitución», dijo Fernández de la Vega. Dicha renovación la abordaron Zapatero y Rajoy en su reunión de julio de 2008 y acordaron desbloquearla haciendo que el Senado nombrara los cuatro magistrados que le corresponden. Sin embargo, esa renovación sigue pendiente porque el PP propuso a dos candidatos, el ex presidente y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, que no son aceptados por el PSOE al considerar que el PP tergiversó el sentido de la nueva ley. Según los socialistas, los nuevos candidatos debían llegar al Senado a propuesta de las comunidades autónomas, pero el PP presentó los mismos dos nombres en todas las Cámaras autónomas.
Se asegura que Rajoy se quedó ayer muy sorprendido ante el anuncio de que habrá reunión con Zapatero, porque nadie de La Moncloa le había llamado. El líder del PP acudirá si le citan, como siempre, pero en su entorno señalan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional al no aceptar los candidatos propuestos por las autonomías del PP. Hernando y López siguen siendo los candidatos populares, insisten, porque están elegidos por Parlamentos autónomos. Cabe recordar que los 12 miembros del Constitucional se renuevan por tercios y su mandato es de nueve años. Cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo del Poder Judicial. Los cuatro que eligió el Senado en 1998 (entre ellos la actual presidenta) debían cesar en diciembre de 2007. Sin embargo, el PP, cuyos votos son imprescindibles para que los candidatos obtengan los tres quintos de la Cámara que exige la Constitución, se negó a renovarlo, según dijo, porque se oponía a un nuevo sistema de nombramiento por el cual las comunidades autónomas proponen a los candidatos. El PP recurrió esta norma al propio Constitucional, que no le dio la razón. Rechazado el recurso y pasadas las elecciones, en septiembre de 2008 comenzó de nuevo la renovación. Las autonomías enviaron 23 candidatos al Senado, pero con una sorpresa: el PP propuso sólo a dos, los mismos en todas las comunidades. Esos dos son Francisco José Hernando y Enrique López, líderes de la ofensiva judicial contra el Gobierno en la pasada legislatura al son del PP. El PSOE, engañado, se niega a votarlos, con lo que todo está bloqueado. Si el PSOE aceptara estos dos nombres, el Constitucional podría renovarse la semana que viene. De lo contrario, el impasse podría continuar casi casi eternamente. Y Rajoy y Zapatero volverán a demostrar que no tienen el menor interés en resolver la peliaguda cuestión.
