MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Sin dejar pasar siquiera unos minutos, el presidente del PP, Mariano Rajoy daba a conocer el viernes, en Salamanca, la opinión que le merecía el proyecto de ley del Gobierno de economía sostenible, lanzado con notable nivel de propaganda desde el Gobierno y el PSOE. Pero Rajoy no quiso dejar la menor oportunidad ni un resquicio a la presunta buena intención del Gobierno. Le parece sencillamente, una promesa más, o una serie nueva de promesas, sin capacidad alguna para obtener eficacia contra la depauperada situación económica. O sea, una nueva enmienda a la totalidad desde el primer momento, y como es frecuente, casi habitual, que suceda entre gobierno y oposición: Dime que me propones, que ya sabes que me opondré con todas mis fuerzas y posibilidades. De manera que el PP, desde el instante mismo en que la vicepresidenta Elena Salgado daba lectura a los contenidos del proyecto de ley, decía ya que no piensa darle el menor apoyo.
Y en esa línea se expresan hoy, de manera coincidente, la mayor parte de los medios informativos «de la cuerda pepera», o alineados con las posiciones opositoras. A lo sumo, como dice La Razón, «ley de economía sostenible, ni frío ni calor. La gran aportación del gobierno al cambio de modelo productivo es limitar la temperatura en los locales públicos entre 21 y 26 grados». En el Mundo, se habla de «economía insostenible», y de un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando». Habla ABC de «una ley de economía que no se sostiene» y de «decepción general»». Y califica el proyecto de «cajón de sastre que no aborda reformas esenciales. En La Gaceta se señala, a su vez, que la futura ley ni creará empleo ni fomentará el consumo, y la califica de «bluff». Y no tiene inconveniente en hablar de «economía insoportable».
¿Era previsible esa reacción? Posiblemente el gobierno contaba ya con esta clase de reacciones, frente a sus argumentos: las ventajas fiscales que se anuncian para impulsar al economía, los 20.000 millones de inversión para cambiar el modelo económico, la deducciones en el IRPF a las reformas de vivienda, alquileres y transporte público, los incentivos a la innovación tecnológica, que las administraciones públicas deberán pagar en un máximo de 30 días, o la transparencia de los sueldos de los directivos, que el plazo máximo para crear una empresa se reducirá a cinco días…
Definitivamente, no hay regalo alguno, y cualquier mérito, si lo hubiere, deberá ser demostrado antes de verse reconocido. Nada se da por bien hecho sin que haya demostrado eficacia. Y como esta ley está previsto que llegue a su cumplimiento y tenga influencia social en la década que viene, ¿quién podrá comprobar tal supuesta eficacia?
En cuanto a los agentes sociales, Centrales y patronal, prefieren esperar y callar, de momento, hasta el prometido encuentro con la vicepresidenta Salgado. Tendrán cuenta detallada de lo que se pretende y de los medios que se aplicarán a ello. No es improbable que los agentes sociales sean más amable que la oposición, aunque también hay en el sindicalismo voces contrarias, como la que ya ha alzado la Unión Sindical Obrera, que sostiene que la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Economía sostenible tiene más ruido que contenido, y pone de manifiesto que el Presidente del Gobierno ha emprendido una huida hacia adelante para no afrontar soluciones inmediatas que alivien la actual situación de nuestra economía y muy especialmente de nuestro mercado laboral, donde mes tras mes batimos récords de desempleados.
Las salutaciones no han sido, precisamente, de plena y absoluta felicidad, sino todo lo contrario.
