MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Cerca de setecientas víctimas del terrorismo se reunieron el pasado domingo en un teatro de Vitoria para asistir a un acto organizado por la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco que pilota de manera eficaz una víctima del terrorismo, Maixabel Lasa. Esta es la tercera ocasión que se lleva a cabo en el País Vasco un acto de este tipo. Los dos anteriores tuvieron lugar siendo lehendakari Juan José Ibarretxe y no suscitaron ni la unidad ni la masiva presencia del celebrado antes de ayer, con el lehendakari López como anfitrión, con el que las víctimas del terrorismo se sienten mas justamente tratadas que con su antecesor.
Cualquier acto que tenga lugar para reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo, bienvenido sea. Si, además, esos actos se celebran en la parte de España que más ha sufrido el zarpazo terrorista de ETA, cobra un significado especial. Durante muchos, demasiados años, una parte importante de la sociedad vasca ha mirado para otro lado ante el grave problema que tenía delante de sus narices. Porque no sólo se ha tratado de los atentados terroristas, sino de la cobertura social y en algunos casos hasta política que han recibido los terroristas de ETA por parte de esa sociedad. Desde el tremendo e inmoral «algo habrá hecho» con el que en la década de los setenta y de los ochenta se intentaba «justificar» los asesinatos de ETA, hasta los entierros vergonzantes de esos mismos años, cuando la víctima era un guardia civil, un policía nacional o un militar, cuyo féretro salía por la puerta de atrás de la iglesia, era introducido en el coche fúnebre y trasladado a su lugar de origen, normalmente Andalucía, Extremadura, Galicia o las dos Castillas.
Todo eso cambió en parte, pero no del todo, en julio de 1997, a raíz del asesinato a cámara lenta del joven concejal del PP Miguel Angel Blanco. Aquel terrible crimen trajo consigo la rebelión cívica de las víctimas del terrorismo y junto a ellas, de muchos vascos de bien. Pero tanto el rumbo tomado entonces por el PNV, que se fue a Estella a pactar con ETA, como el proceso de negociación política con los terroristas llevado a cabo por Zapatero en la pasada legislatura, supuso un retroceso de años en la deslegitimación social del terrorismo y de quienes les apoyan.
El actual Gobierno vasco liderado por Patxi López se marcó como objetivo prioritario esa deslegitimación social de los terroristas y de su entorno, que tanto daño moral ha hecho a la sociedad vasca. Por eso, actos como el llevado a cabo en Vitoria, de homenaje y reconocimiento al fundamental papel jugado, muy a su pesar, por las víctimas del terrorismo en la lucha por la libertad y por la defensa de la democracia son algo más que de estricta justicia. Son el mínimo exigible a una sociedad que no quiera pasar a la historia con una grave enfermedad moral: la del olvido a quienes dieron su vida por defender la nuestra.
