Victoria Lafora – Cordura sanitaria.


MADRID, 2 (OTR/PRESS)

La ministra de Sanidad impuso en Bruselas el veto a la directiva europea que pretendía que todos los ciudadanos de la UE pudieran hacer uso de la sanidad pública de cualquier país sin autorización ni conocimiento del suyo de origen.

Por primera vez, el Ejecutivo de Zapatero reconoce que la Sanidad Pública tiene un verdadero problema, que Trinidad Jiménez cuantificó ayer en un coste de 2.000 millones de euros anuales, con el llamado «turismo sanitario».

Los colegios de médicos de la Costa del Sol, de Valencia y Alicante llevan años denunciando el incremento de gastos y la saturación que suponen los turistas que, sobre todo ingleses y alemanes, aprovechan sus vacaciones para operarse de prótesis de cadera, cataratas y otras dolencias.

Quizá convenga recordar que la denostada sanidad pública española practica la atención universal y gratuita, cosa que no se da en todos los países de la UE donde funciona también el copago para determinadas intervenciones o rígidas exigencias para las operaciones más costosas. Como el caso de Gran Bretaña donde los fumadores son excluidos de los trasplantes o los obesos mórbidos de determinadas intervenciones.

Y el problema peor no son los que aprovechan unas vacaciones para «operarse gratis total», sino los miles de jubilados europeos que pasan los inviernos en la costa española, que cotizan su Seguridad Social en sus países de origen, pero la mitad del año son pacientes de la sanidad española.

No es de extrañar que la libertad de fronteras hospitalarias, por llamarla de alguna manera, fuera apoyado con ardor por Suecia o Gran Bretaña y que se opusieran, apoyando a la ministra Trinidad Jiménez, Portugal, Grecia o Italia. El turismo de masas debe estar pues en el trasfondo de la historia.

No puede haber pues una directiva que permita el libre tránsito de pacientes cuando los servicios sanitarios que se prestan por los gobiernos de la Unión Europea tienen prestaciones y alcances diferentes. No hay, por ejemplo, ningún volante que permita compensar económicamente al país que da la prestación sanitaria de un jubilado residente durante seis meses en sus ciudades costeras. Lo primero que habrá que hacer es fijar unos servicios mínimos, que se den por igual en toda la UE y modificar una normativa obsoleta.

Por una vez nos hemos plantado a tiempo y en forma, en lugar de seguir negando la evidencia con la que los médicos se enfrentaban cada día en hospitales y centros de salud.

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