MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Después de una serie de años en los que las celebraciones del aniversario de la Constitución llegaron a ser rutinarias y escasamente atractivas, esta vez y por distintas razones, el acontecimiento ha estado más «en sazón». Empezando por el hecho de que acudían al Congreso dos presidentes de autonomías que muy a menudo prefirieron ausentarse, Cataluña y Euskadi. José Montilla y Patxi López, socialistas ambos, han preferido sumarse a las celebraciones como propias.
El primero de estos presidentes, Montilla, suscitaba, además, especial curiosidad por el encuentro, bien que protocolario, que habría de mantener con la presidenta del Tribunal Constitucional, la instancia de la que estamos todos pendientes para conocer, finalmente, el grado de «aprobación constitucional» que tendrá el Estatuto catalán. ¿Aprobado liso, sobresaliente, notable? En cuanto a Patxi López, es evidente que ha querido «inaugurar» también los nuevos tiempos que e han establecido en la Euskadi que no tiene Gobierno Peneuvista, sino Gobierno socialista con apoyo externo del PP. La Euskadi que vuelve a emitir en su televisión autonómica el discurso de Navidad del Rey, y que acogerá la Vuelta Cicliats a España y los partidos de la selección nacional. Es una Euskadi distinta, y reintegrada en la España de la que el PNV, mientras gobernaba, trató insistentemente en separarla, o cuando menos en distanciarla…
En cuando a Cataluña y su representante máximo, Montilla, es cierto, como ha señalado la Vanguardia de este domingo, que «la crisis del YC proyecta su sombra en el aniversario de la Constitución», mientras recuerda que el TC sigue bloqueado en sus deliberaciones sobre el Estatut. Se recuerda sobre el partcular la opinión del fallecido Solé Tura expresada en 1979: «Hemos hecho un tribunal político con criterios políticos, y es malo que así sea»… Sostiene, por cierto, esta crónica, que la movilización catalana ha frenado de momento una sentencia adversa…, que una presunción que no parece tener las más sólidas bases. Llega, finalmente, a la conclusión, esta información, de que el TC podría aparcar la sentencia y esperar a su renovación, si no hay acercamiento de posturas.
Por su parte, José Montilla ha estado doblemente presente en esta celebración del 31 cumpleaños de la Constitución: con esa presencia ya mencionada, y con un artículo que ha publicado el diario El País, en el que señala, en primer lugar, que la aprobación de la Constitución española de 1978 ha sido un hito histórico del que podemos sentirnos orgullosos. Añade: Cuando escucho voces que piden olvidar la transición o que pretenden impulsar una segunda transición, me inquieta pensar que quizá busquen desandar lo andado y prescindir del pacto y los consensos básicos que presidieron la elaboración y posterior aprobación de nuestra ley de leyes. Tampoco deja de sorprenderme que algunos pretendan dar lecciones de constitucionalidad, sabiendo como sé que su aprecio por nuestra Carta Magna, y especialmente por su Título VIII, es, cuando menos, sobrevenido. Dice también que toda norma que tenga una lectura acorde con la Carta Magna debe ser juzgada constitucional, y se pregunta si ¿habrá que recordar que «nacional» es el adjetivo que corresponde al sustantivo «nacionalidad»? Dice en otro momento del artículo que, «como demócrata, como catalanista, como socialista, como federalista y en mi calidad de President de la Generalitat de Catalunya, me sumo a la conmemoración del aniversario de la aprobación en referéndum por parte de la ciudadanía española de la Constitución de 1978. Volvería a votarla con ilusión. Y más sabiendo que algunos querrían modificarla en un sentido involutivo o que piden que se aplique desconociendo el consenso que la hizo posible». Luego se centra en los aspectos que se refieren a la estructura territorial del Estado y que inciden directamente en el debate sobre la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña.
Lo hace a partir del texto constitucional que en su propio Preámbulo proclama la voluntad de los constituyentes de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». El artículo 2 de la Constitución afirma la unidad de España, garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Aspectos, por cierto, que en ningún momento el Estatuto catalán ha puesto ni en riesgo ni en duda, como se ha demostrado en los más de tres años que lleva en vigor. Precisamente el artículo 2 de la Constitución me trae a la memoria la negativa de muchos sectores de derecha y ultraderecha (de entonces, y, al parecer, de hoy mismo) a incorporar el término «nacionalidad» por considerarlo sinónimo de nación. ¿Habrá que recordar también que el adjetivo que corresponde al sustantivo nacionalidad es nacional? El artículo 3 de la Constitución consagra la oficialidad del castellano en toda España y de las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas «de acuerdo con sus estatutos». Y no pedimos otra cosa. ¿Quiere alguien hoy leer la Constitución de forma que los que cabíamos en ella en 1978 nos veamos expulsados de ella en el año 2009? El pasado 22 de noviembre, en Maià de Montcal, ante la tumba de Ernest Lluch, asesinado precisamente por defender el carácter inclusivo de nuestra Constitución, hice esta afirmación: «Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir, no puede servir hoy para dividir. Este es el verdadero espíritu constitucional.
Espero que nadie malogre de forma temeraria e imprudente este espíritu». Tampoco se debe olvidar que muchos de los que votaron el Estatuto de Catalunya no pudieron votar la Constitución en 1978 y así han podido unirse al bloque de la constitucionalidad. Y es en ese marco, sigue diciendo Montilla, en el que inscribo mis reflexiones sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Vaya por delante mi respeto al tribunal y mi convicción como demócrata de que sus sentencias deben ser acatadas. No seré yo quien cuestione la legitimidad del tribunal, del mismo modo que nadie debe olvidar que es la propia ejecutoria de las instituciones la que en último término legitima su labor ante la ciudadanía. Tampoco creo que la acción jurisdiccional deba producirse de espaldas a la opinión pública ni que pueda sustraerse a sus críticas, como no puede hacerlo ningún poder del Estado. Doy por sentado también que el tribunal es consciente de la responsabilidad que le ha sido conferida al verse obligado -por primera vez en 30 años- a fallar sobre una ley orgánica acordada por una delegación del Parlamento catalán, el Congreso y el Senado, aprobada por las Cortes y sometida a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Se refiere también a la inquietud causada por las constantes filtraciones sobre las deliberaciones del alto tribunal, agravada por el hecho de que en estos momentos se halle incompleto, a causa del fallecimiento de un magistrado, de que se haya producido la atípica recusación de otro magistrado a los solos efectos de la deliberación y votación de ese recurso, y de que cuatro magistrados más hayan visto anormalmente prorrogado su mandato en casi dos años, a causa de un bloqueo impuesto por el PP, deseoso quizás de mantener indefinidamente una composición del tribunal más acorde con sus intereses de parte…
