MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Tampoco se entenderían las encendidas pasiones sobre el futuro del Estatuto sin tener en cuenta la hostilidad manifiesta que contra él ha levantado de forma innoble el PP durante más de tres años al grito de «España se rompe», con su fallido intento de evitar su toma en consideración por el Congreso, con su amago de impulsar un referéndum ilegal sobre el texto y con un infamante recurso que cuestiona preceptos similares, cuando no idénticos, a otros recogidos en diversos estatutos que no sólo no recurrió este partido, sino que incluso votó. Termina considerando que el Constitucional tiene entre sus manos una decisión de gran trascendencia. Y comparto la disyuntiva planteada por el editorialista de El País: «Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ese es el dilema que afronta el Constitucional».
Ese es también el sentido del editorial conjunto publicado por 12 periódicos catalanes, que suscribo totalmente: «Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España». Desde el respeto a las instituciones y procurando el mejor servicio a la convivencia, que es la principal misión de todos, considero que el Constitucional debe juzgar plenamente constitucional toda norma que pueda tener una lectura acorde con la Carta Magna, evitando erigirse en una nueva Cámara legislativa que, en el caso del Estatuto, alteraría un texto sometido al voto de los ciudadanos y ciudadanas a los que ha de servir.
