MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Todavía, en el anecdotario que rodea a la Constitución, serecue4rdan sus 18 «rozagantes» años de joven deseable, como la apreció un portavoz presidencial. Ahora son ya 31, y es una señora aún de muy buen ver, pero posiblemente con achaques, aplicando el mismo símil de compararlo con la propia especie humana. 31 años en la historia de una Constitución puede que en otros países no sea demasiado tiempo. En el nuestro es todo un récord. Y algunos no tienen inconveniente en relacionar esa edad con los treinta años más pletóricos y mejor logrados de la historia de la democracia española, como este mismo sábado decía Adolfo Suárez junior con ocasión de tributar espésame a los familiares de Jordi Solé Tura. Treinta y un años de Constitución, sin embargo, es probable que le hayan causado algunas huellas y que pudiera precisar algún retoque. Ya se sabe que hay partidarios de los retoques y contrarios a todo tipo de intervención quirúrgica, que pudiera traer consigo más inconvenientes que ventajas.
En el dioario El País de este domingo se han publicado los datos de una encuesta según la cual, para ocho de cada 10 españoles (es decir, para el 84%, exactamente), la norma fundamental necesita reformas. La Encuesta de Clima Social de Metroscopia refleja que una amplia mayoría (el 70%) querría incluir en el texto constitucional la regulación del uso del catalán, el euskera y el gallego en las comunidades autónomas en las que son oficiales. El 61% de los entrevistados la modificaría para dar voto en cualquier elección a los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia, mientras que poco más de la mitad (el 51%) eliminaría la mención especial a la Iglesia católica.
Como se ve, ninguna de las cuestiones que, en su momento, hace ya cinco años, señaló Rodríguez Zapatero como tareas a acometer: que figuraran los nombres de las 17 Comunidades Autónomas, que se estableciera el orden de sucesión en la Casa Real, y que se recordara la integración de España en la UE y lo que tal cosa significaba para la aceptación de normas emanadas de los organismos comunitarios: Parlamento Europeo, Tribunal de Estrasburgo… Las iniciativas de Zapatero quedaron olvidadas por el nulo interés que demostró la Oposición del PP, y seguimos donde estábamos: con una Constitución «inmaculada», como algunos suelen denominarla al fusionar las dos fiestas en que suelen recordarse sus cumpleaños: seis u ocho de diciembre, la Inmaculada Constitución.
Hace hincapié la encuesta de ahora el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos crean que debe ser modificada no significa que la consideren una mala norma jurídica. Seis de cada 10 (el 62%) la califican de «buena», frente a algo menos de un tercio que la tilda de «regular» y un mínimo 6% que prefiere el adjetivo «mala». Es también un sentimiento mayoritario (apoyado por el 69%) que en la norma no han prevalecido los intereses de ningún partido o corriente política en particular. Puede que, por esa razón, casi 6 de cada 10 entrevistados (58%) sólo son favorables a realizar «pequeñas modificaciones» en la Carta Magna. La cuarta parte (26%) es favorable a «una reforma a fondo», mientras que el 12% quiere que se quede como está.
En consonancia con la preferencia mayoritaria de aprobar cambios menores, entre las modificaciones no se encontraría la de la forma de Estado. La Monarquía parlamentaria sigue siendo el régimen favorito de los españoles -la prefiere el 66%-, un porcentaje que, con pequeños altibajos, se ha mantenido estable en los últimos 13 años. Los favorables a instaurar una hipotética tercera república reflejan, sin embargo, un incremento sostenido en ese mismo periodo. En los últimos años de la década pasada sus partidarios oscilaban entre el 11% y el 15%. En 2009 se han incrementado en 10 puntos y han dado el salto hasta el 25%, la cuarta parte del país.
A poco que uno indague entre los ciudadanos del país, pronto se hallan «pegas» e inconvenientes en lo que se refiere a la organización autonómica que estableció la Constitución vigente: Todavía hay dudas de si fue el adecuado ese reparto, y sobre todo, cuando se comprueba su altísimo coste: 17 gobiernos, 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, y muchísimas empresas públicas autonómicas, de muy difícil control desde el Estado nacional. Tampoco se ha deslindado la diferencia entre nacionalidades y regiones, parece que las primeras de mayor categoría que las segundas. Pero sí parece instaurada la idea de que las autonomías -con los inconvenientes que tienen tantísimos funcionarios nuevos y tantas posibilidades para acometer gastos inadecuados y de difícil control, por ejemplo- están mucho más cercanas al ciudadano, y por tanto, pueden resolver con mayor eficacia sus problemas…
La reforma favorita entre los encuestados, según la encuesta de ahora, es la regulación del uso de las lenguas cooficiales, demandada por siete de cada 10 españoles. Varias autonomías han tropezado con esa misma piedra en sus correspondientes estatutos, en los últimos años, y finalmente, la cuestión queda resuelta en función del partido o coalición de partidos que gobiernan La norma catalana no termina de resultar satisfactoria a todos, ni tampoco la vasca o la gallega. Pero es evidente que las tres lenguas reciben ayudas para su sostenimiento y promoción* Le sigue la dificultad de dar derecho al voto a los inmigrantes regularizados en cualquier elección -no sólo municipal o autonómica- con un apoyo del 61%, y la de abolir la pena de muerte también para tiempos de guerra -la actual redacción remite en ese caso a lo que establezcan las leyes penales militares-, preferida por el 56%.
Más discutido (lo apoya el 51%) sería eliminar la referencia especial a la Iglesia contenida en el artículo que regula la libertad religiosa o la de la distinción entre nacionalidades y regiones. Estamos viendo estos días la controversia suscitada por la sentencia de Estrasburgo sobre retirada de los crucifijos de los centros escolares. ¿Sólo de los públicos? Casi la mitad de los entrevistados (48%) blindaría las competencias del Estado para impedir nuevas transferencias a las comunidades autónomas y sólo el 36% derogaría el papel que la norma fundamental da al Ejército como garante de la unidad de España.
Evidentemente, la Constitución vigente suscita algunos inconvenientes. Pero no hay duda de que su ausencia originaría muchísimos más. Incomparablemente más…
