MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Durante un tiempo, sobre todo a mediados de esta década, el PSOE e incluso algún sector del PP coquetearon con la idea de hacer una reforma limitada de la Constitución del 78 para avanzar hacia un Senado territorial y de primera lectura para temas autonómicos, sellar el reconocimiento explícito del nuevo tratado europeo –frustrada la carta constitucional, quedaría Lisboa–, inscribir el nombre de las comunidades autónomas, ya que en el 78 ni siquiera existían como tales, y derogar la cláusula que discrimina a las mujeres en la sucesión de la Corona, problema sobre el que corrieron ríos de tinta y que sigue ahí, pendiente de una solución política.
Sin que ninguna de las partes haya explicado sus razones, donde antes dijeron una cosa personas como Zapatero o Fraga, ahora dicen (casi) la contraria. Y así, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en otros momentos impulsor de la reforma, proclamó todavía ayer que no hay perspectivas de reformas constitucionales a corto plazo. Si bien mantiene que el texto es mejorable, ZP sostiene que no hay urgencia en cambiarlo. Los agobios de la crisis, los vientos recentralizadores que soplan este otoño por Madrid y un cierto aroma a final de etapa se han llevado la frescura de aquel joven presidente que llegó cargado de ilusión de la cumbre socialista de Santillana del Mar frente al aznarismo jacobino en decadencia.
Los puntos ya enunciados siguen estando ahí y, lo que es peor, amenazan con desatar problemas en algún momento. Digamos que tanto PSOE como PP los están metiendo debajo de la gran alfombra de la política madrileña, a la espera de que pase algo que tampoco explicitan. ¿Acaso la sentencia del Constitucional sobre el controvertido Estatut? Un Estado como España se supone que debería tener más claro lo que quiere ser de mayor y si los dos grandes partidos reconocen que la Constitución admite reformas, ¿a qué viene eludir el debate? Aunque el problema fuese de calendario, razón de más para abordar los cambios que haya que hacer, sin las prisas que a veces caracterizan este tipo de procesos que, en buena lógica, deberían responder a un gran consenso que no excluya a los partidos nacionalistas e incluso a otros de ámbito español pero minoritarios.
