MADRID, 7 (OTR/PRESS)
La pervivencia de la activista saharaui Aminetu Haidar ha pasado a ser cuestión de Estado y problema principalísimo del Gobierno, en estos días. Su huelga de hambre, ya con 22 días, plantea una gravísima preocupación a todos: sus hijos y restantes familiares, sus compatriotas y todos cuantos comparten con ella los ideales de un Sahara libre e independiente, pero incluso también a los indiferentes ante su causa y hasta a quienes se oponen sistemáticamente a ella, como es el caso de las autoridades marroquíes, que después de todo, la han conducido a la extrema situación en que se halla.
El Gobierno español no es ajeno a estas preocupaciones, como ha demostrado este mediodía el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, quien convocó con urgencia a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso para informarles sobre la situación en que se encuentra Aminetu Haidar y las gestiones que está realizando el Gobierno para resolver este asunto. Los portavoces tenían previsto celebrar a las 11.30 horas de hoy la reunión de la Junta que celebran cada martes, para preparar el Pleno de la semana siguiente, y que habían adelantado a este lunes porque mañana es fiesta. Pero, antes en la reunión recibieron una llamada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que les comunicaron que Moratinos quería reunirse con ellos con urgencia. Cuando concluyó su encuentro con el ministro, celebraron la reunión de la Junta de Portavoces que tenían prevista y después informaron a los periodistas. Junto con Moratinos acudió a la reunión el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Agustín Santos, quien ha viajado a Lanzarote en diversas ocasiones en las últimas semanas para trasladar a Haidar las propuestas del Ministerio y tratar de encontrar una solución que le permita volverá a El Aaiún con su familia.
Esta mañana, casi al principio de la jornada de puertas abiertas, un grupo de simpatizantes de la causa saharaui mostraba en el Hemiciclo una serie de fotos de Haidar en solidaridad con su situación. La voluntad del Gobierno es que, si llega un momento en que sea preciso y siempre bajo tutela judicial, Haidar reciba alimentación forzosa, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. España, después de intentar en vano que Marruecos aceptara el regreso de la activista, ha renunciado al conflicto diplomático y ahora se centrará en evitar la muerte de Haidar.
Entre tanto, el magistrado que se encarga del caso todavía no ha resuelto sobre las medidas reclamadas por la Delegación del Gobierno en Canarias para alimentar de forma forzosa a la activista y ordenar su ingreso en el hospital, en caso de que la salud de Haidar corra serio peligro. El juez, de momento, cuenta con dos opiniones médicas contradictorias sobre el estado de salud de la activista: mientras que el médico que la atiende de forma voluntaria dice que está muy mal, los resultados de la revisión judicial de anoche apuntan, en principio, a que el estado de Haidar no es tan grave. La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) señaló tras la visita de anoche que el juez de guardia de Arrecife (Lanzarote) no obligará a la activista a trasladarse a un centro hospitalario, por lo que permitirá que prosiga con la huelga de hambre que emprendió hace 22 días. El juez transmitió a las personas que permanecen continuamente junto a la activista saharaui que había podido comprobar que Haidar cuenta con «plena lucidez» y razona con «absoluta claridad», según ha relatado el secretario de organización de CEAS, por lo que no adoptará ninguna de las medidas solicitadas por la Delegación del Gobierno en Canarias. El juez de Lanzarote Jerónimo Alonso, que anoche acudió al aeropuerto de la isla para someter a Aminetu Haidar a una revisión médica, enviará hoy a otro facultativo para examinar a la activista en huelga de hambre antes de tomar una decisión sobre su situación.
Un juez, un médico forense, un secretario judicial, dos policías y un intérprete irrumpieron anoche en el aeropuerto de Lanzarote para examinar el estado de salud de Aminetu Haidar. La Delegación del Gobierno en Canarias anunció, en un comunicado enviado más tarde, que había sido este organismo el que había solicitado la intervención del juez con el fin de que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física» de la activista. «Entre esas medidas», señala la nota, «debe incluirse el ingreso en un centro hospitalario y, en todo caso, la realización de cuantos controles se estimen necesarios». Y termina: «El peligro que para la vida e integridad física supone el mantenimiento de su actitud obliga a una actuación urgente de asistencia sanitaria». Al ver al juez, al forense y a los policías entrar en tropel y expulsar a la asistente de Haidar del cubículo donde ésta mantiene la huelga de hambre desde hace 22 días, la saharaui les advirtió: «Estos son métodos marroquíes. No deseo más tratamiento médico que el que estoy recibiendo [del director del hospital insular de Lanzarote], y no quiero ser ingresada. Soy dueña de mi voluntad y de mis actos». Según la abogada Lola Travieso, el juez le respondió que va a respetar su voluntad.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, había preguntado recientemente a Presidencia del Gobierno si existe algún protocolo de actuación en estos casos. Le respondieron que si la vida de la activista corriera grave peligro existe la posibilidad, e incluso la obligación, de pedir la intervención del juez, que es quien puede ordenar la alimentación de alguien contra su voluntad. El estado de salud de Haidar, según el parte médico, «se deteriora por momentos», y se arriesga a sufrir daños irreversibles. Horas antes de llegar el juez, un médico y cinco ATS de emergencias se presentaron en el aeropuerto con una ambulancia para ofrecer a Haidar atención médica, que ella rechazó. Fuentes de la plataforma de apoyo a la activista señalan que la imposición de la alimentación forzosa llevaría a una batalla judicial. La situación carece de precedentes, pues en España las huelgas de hambre las han hecho siempre reclusos (como el etarra Iñaki de Juana Chaos o los presos de los GRAPO), por cuya integridad física debe legalmente velar la Administración penitenciaria. Aun así, la alimentación debía hacerse «sin el empleo de la fuerza física y sin vulnerar su dignidad». Ahora, y tras la cerrazón marroquí a dejarla penetrar en su territorio, la obsesión es salvarla de su propia huelga de hambre y sus efectos.
