MADRID, 08 (OTR/PRESS)
Dicen los médicos que la han observado, que la activista saharaui Aminatu Haidar, siquiera por el momento, no está necesitada de alimentación forzosa ni traslado a a un hospital. De momento, porque la huelga de hambre, ya en su día número 23, es probable que terminen pasándole una pavorosa factura en su salud, tal vez de manera irreparable. Pero la activista mantiene su actitud, mientras los juristas y los políticos discuten hasta cuándo podrán mantener su voluntad de no comer frente al interés del Estado de no dejarla morir de inanición. Los grupos parlamentarios, invitados por Moratinos a opinar e involucrarse sobre el asunto, insisten en la necesidad de que se evite por todos los medios el final de Haidar. Que el Gobierno redoble todas las gestiones, primero, para que Haidar regrese a su tierra, del Sáhara, pero en todo caso, que continúe su lucha por otros medios, y abandone la huelga.
Pero, repetimos, «de momento», la médico forense que la noche del domingo examinó a Aminatu Haidar ha informado al juez que no consideraba por ahora «que exista riesgo vital» para la activista saharaui en huelga de hambre, motivo por el que el magistrado Jerónimo Alonso ha decidido no hospitalizarla o someterla a tratamiento médico. Así se reflejaba en un comunicado hecho público anoche por la Delegación del Gobierno en Canarias, que afirma que en el auto del juez también se hace constar que según «la información de su médico, mantiene las constantes hemodinámicas dentro de la normalidad, lo que indicaría que sus órganos vitales funcionan correctamente». La Delegación del Gobierno en Canarias afirma en este comunicado que, según el informe de la médico forense que acudió con el juez al aeropuerto de Guacimeta, «no se considera que exista riesgo vital ni que sea preciso el traslado a un centro hospitalario, por lo que el juez, por el momento, no considera justificado la intervención de asistencia médica». La Delegación del Gobierno ha explicado que «ante las informaciones sobre el estado de salud» de Aminatu Haidar manifestadas la noche del sábado por su médico, que subrayó el inminente riesgo para su vida, el domingo solicitó del juzgado de guardia de Arrecife que «se adoptaran las medidas necesarias para garantizar su vida y su integridad física.
Por lo que respecta a la propia activista saharaui, se negó a recoger el auto cuando la secretaria judicial acudió a entregárselo. Además, Aminatu Haidar aprovechó para trasladarle su queja porque se impidió a su abogado estar presente durante el reconocimiento médico. Ante la negativa de Haidar a recibir el auto, la secretaria le comunicó que si quería recogerlo podía hacerlo en el Juzgado de instrucción número tres. Aminatu Haidar decidió el lunes renunciar a toda atención médica en el aeropuerto de Guacimeta, en Arrecife (Lanzarote), donde la pacifista lleva más de una veintena de días en huelga de hambre, después de que fuera detenida y expulsada de Marruecos el pasado 14 de noviembre. Después de que la comisión judicial acudiera al aeropuerto el domingo por la noche para comprobar su estado de salud, Haidar ha rechazado ser atendida por cualquier médico, ni siquiera por el facultativo Martín de Guzmán, quien de forma voluntaria la ha estado visitando desde el inicio de su protesta. Además, la activista saharaui ha denunciado presiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que abandone la huelga de hambre. La conocida como «Gandhi saharaui» ha censurado que el Ejecutivo la presione a ella, en lugar de presionar a Marruecos para que la permita entrar en el Sáhara como es su deseo. «El juez me ha empujado a tomar la decisión de renunciar a toda atención médica», ha explicado Haidar en un comunicado divulgado después de que se anunciara que el juez tenía previsto mandar a otro médico para comprobar su estado, ya que hay informes contradictorios sobre los efectos en su salud de la huelga de hambre que mantiene. «Continuaré mi huelga de hambre hasta que haya una solución», ha manifestado. Y después ha añadido: «Si muero, será el Gobierno español quien deberá asumir las consecuencias jurídicas y morales».
Y es lo que los portavoces parlamentarios, de manera unánime, junto con al Gobierno, tratan de impedir por todos los medios: que muera. Pero ella se muestra obstinada y no será fácil convencerla de que cambie su actitud.
