MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Dice el abogado del ex presidente balear que la policía, al registrar el palacete familiar en Palma de Mallorca, vacío tras el oportuno traslado de la familia Matas a Estados Unidos, ha quebrantado su imagen pública. Como si el hecho de estar imputado por presunta corrupción en el «Caso Palma Arena» (donde un velódromo presupuestado en unos cuarenta millones de euros, pasó, por arte de magia, a costar ciento diez) no hubiera puesto en cuestión su gestión política e incluso su honradez.
Porque, todo hay decirlo, los agentes judiciales que, en Nochebuena, se dedicaron a revisar palmo a palmo la lujosa vivienda, buscaban una caja fuerte donde se habría podido guardar el dinero (70.000 euros) con el que la esposa de Matas se dedicó a comprar joyas de gran valor. Lo que el juez está buscando son las pruebas de que la familia del ex ministro de Aznar, se lucró con dinero de los fondos desviados para el velódromo del Palma Arena.
Por tanto, la vergüenza no es que revisen su casa, la vergüenza es lo que están buscando. Nadie en Mallorca podía entender el rápido y fulminante incremento patrimonial de Matas que le permitió comprarse unos de los más bellos palacetes del centro de Palma. Además, ahora se ha sabido que no solo se lo dejaron a un precio irrisorio, muy por debajo del precio de mercado, sino que invirtió otra fortuna en su rehabilitación y ornamentación. ¿Qué favor le debían los de la inmobiliaria para venderle a precio de ganga lo que era un lujo inalcanzable? Todo eso es lo que investiga la Justicia.
El tema de la corrupción en Baleares roza el nivel de lo alcanzado por otra meca del turismo como es Marbella. Porque Jaume Matas no es el primero y puede que no sea el último de los implicados en casos de corrupción cuando el PP gobernaba las islas. Cuatro ex altos cargos ya han sido condenados a penas de cárcel por el mismo motivo y más de una docena de cargos medios, entre ellos dos Consejeros, están imputados.
Pero el descrédito de la corrupción no se ha parado en esta legislatura. Unión Mallorquina, el partido que durante casi veinte años apoyó los ejecutivos del PP, se encuentra sumido en un pozo de fango que ha llevado a su último presidente, Miguel Angel Flaquer, a dimitir cuando el juez le retiró el pasaporte para que no huyera de España.
Con lo que queda de UM, antes de que el cerco policial y judicial no depare más sorpresas, está empeñado en gobernar el socialista Francesc Antich, mirando para otro lado, mientras, día sí, día no, le detienen algún socio de coalición. No parece muy ético sostenerse en el poder a costa de semejantes compañeros de viaje. Pero parece que vivimos en tiempos de todo vale.
