MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Hay asuntos que no cesan ni se desvanecen en el tiempo por virtud de la obstinación de algunos medios informativos que los siguen y que intentan por todos los medios, que sigan vivos hasta su completa depuración. Es el caso Faisán, nombre que responde al chivatazo que, desde medios policiales, o acaso judiciales, o tal vez políticos, impidió en su momento que se procediera a la detención de los etarras implicados en la trama de extorsiones a ciudadanos. Por lo menos, aquel chivatazo forzó a que las detenciones previstas para una fecha concreta se pospusieran y llevaran a cabo con retraso sobre lo previsto.
Aquel escándalo político-policial-judicial llega hasta nuestros días por causa de la insistencia de varios medios informativos en llegar hasta el fondo de la verdad y hasta conseguir que se siente en algún banquillo -por lo menos el de la verdad- a los responsables del episodio. Pues bien, hoy revela el diario El Mundo la existencia de un documento que indica que el Gobierno, en plena negociación con ETA, esgrimió ante la banda terrorista el chivatazo que evitó una operación contra su red de extorsión a empresarios, como prueba de que cumplía sus compromisos. Se trata de un acta redactada por ETA en 2006 y que incluye un entrecomillado atribuido a un negociador del Gobierno: Os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE.
Si lo que dice ese acta es cierto, y no se nos ocurre por qué ETA iba a mentir al respecto, estaríamos ante un asunto de gravedad extrema, que explicaría además por qué desde todas las instancias se ha tratado de echar tierra sobre el asunto. De entrada, lo relatado en el documento, que está en poder de la Justicia francesa y que conoce la Inteligencia española, cuadra con una grabación que la Policía realizó sin su consentimiento a Elosua, propietario del bar Faisán y recaudador de la banda, en la que éste asegura que, quien le avisó de la operación justificó que lo hacía para no fastidiar el proceso. El contenido del acta de ETA a la que ha tenido acceso el referido diario refuerza la tesis de que fue el Gobierno quien gestionó el chivatazo. Pero tan definitoria como la literalidad del documento y lo que da verosimilitud a éste es el contexto en el que se producen los hechos.
En 2006, los terroristas reprochaban al Gobierno que mantuviera su acoso a la banda mientras estaba negociando. A partir del chivatazo se suceden toda una serie de acontecimientos que refuerzan la credibilidad del acta de ETA. Es revelador, por ejemplo, que una de las decisiones de Grande Marlaska -antes de que Garzón se hiciera cargo del caso- fuera apartar de la investigación al comisario general de Información, Telesforo Rubio, que se mostró «poco colaborador». Está, asimismo, el hecho de que fueran imputados el ex director general de la Policía, García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Alava. Se da la circunstancia también de que el jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, a quien se ha señalado como presunto coordinador del soplo, fue apartado discretamente de su puesto.
No parece casual que cuando la Fiscalía desarrolló una hipótesis alternativa a la del juez, lo hiciera buscando a los responsables del chivatazo entre los agentes. Tampoco, que Interior pusiera al frente de la investigación a agentes que habían participado en la propia operación Faisán. Además, Jon Iurrebaso, terrorista detenido en Francia en 2007, que aseguró ser negociador entre el Gobierno y ETA, llevaba un número de teléfono que correspondía a una tarjeta prepago utilizada por García Hidalgo. Otro factor a tener muy en cuenta que apunta la información que hoy se proporciona desde El Mundo es que uno de los negociadores ante ETA era Gómez Benítez, abogado e íntimo amigo de Garzón, hombre vinculado al PSOE y hoy miembro del CGPJ. Eso abona la idea de que el chivatazo a ETA, su utilización en la negociación y el bloqueo de la investigación judicial, pudieran ser fases de un mismo plan.
Cabe recordar un episodio que consta en el sumario. Un comisario, para tranquilizar al jefe superior del País Vasco sobre su implicación en el caso, le dijo: No te preocupes, Baltasar es amigo. ¿Explica eso que Garzón no avance en su investigación? se pregunta el diario. Más aún: dado que el juez está hoy contra las cuerdas -el Supremo puede admitir una querella por prevaricación y cohecho contra él derivada del asunto de sus cursos en Nueva York, y tiene pendientes también los casos de las fosas de la Guerra Civil y las escuchas a los abogados de Gürtel- ¿es ahora el lance del chivatazo el as en la manga que quiere utilizar para presionar a las instituciones a su favor?
Se podrá objetar, concluye el diario, que no cabe descartar la hipótesis de que el Gobierno fue ajeno al soplo y que sólo lo usó en su favor para convencer a la banda de su compromiso con el proceso. Pero se trata de una tesis que tendría más credibilidad si no supiéramos todos los demás pormenores. Si queda acreditado que el chivatazo se diseñó al más alto nivel del Gobierno, dice el periódico, estaríamos ante el asunto más grave desde que Zapatero llegó a La Moncloa. Tan escandaloso como el hecho inaudito de haber abortado una operación antiterrorista sería que el Gobierno hubiera estado mintiendo todos estos meses para tratar de ocultar su responsabilidad… El caso tendrá más capítulos, con toda seguridad.