MADRID, 30 (OTR/PRESS)
El terrorismo no tiene una convicción militar de la victoria: simplemente cree en el desistimiento de la sociedad por el miedo que le conduzca a la cesión de su propia soberanía, de su capacidad para dictar sus leyes. El terrorismo quiere modificar los comportamientos de los países sobre los que actúa. Y su primera victoria ha sido, desde el 11-S, la implantación de mecanismos de seguridad, algunos de los cuales han modificado nuestros comportamientos y disminuido los derechos civiles.
El terrorismo de origen islamista tiene una concepción oriental del tiempo; saben esperar; sus miembros conocen la forma de enclaustrarse en las sociedades occidentales y sus líderes se refugian en la austeridad inaccesible de las montañas de Afganistán y Pakistán o en los desiertos de Yemen. Una organización poliédrica de muy difícil desarticulación.
A cada intento de realizar un atentado se sucede el anuncio de nuevas medidas de seguridad que significan restricciones en los derechos y en los hábitos de los ciudadanos. Es una tuerca sin fin en el que cada día los terroristas buscarán huecos en la seguridad de nuestro sistema defensivo y los estados democráticos aplicarán medidas cada vez más estrictas para limitar y controlar nuestros movimientos.
Encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad y garantizar que las restricciones que se aplican para mejorar los sistemas defensivos no serán también utilizadas para controlar otros aspectos de nuestra libertad es el reto de las sociedades democráticas, porque la pérdida de calidad de nuestro estado de derecho forma parte de la victoria de los terroristas.
Es normal que los responsables de la seguridad en los aviones y aeropuertos quieran evitar una catástrofe y, también, curarse en salud las responsabilidades que les puedan llegar a corresponder. La declaración de Barack Obama comprometiéndose a corregir los fallos de seguridad del aeropuerto de Detroit confirma que nos esperan tiempos de más incomodidades y de mas restricciones en nuestros movimientos personales. Desde la opinión pública y desde los representantes de la soberanía popular tiene que establecerse criterios que permitan vigilar al vigilante para que nuestras libertades no se vean nuevamente recortadas.
