MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Los trabajadores de Air Comet se han concentrado estos días a las puertas del Ministerio de Fomento exigiendo al Gobierno su recolocación en otras compañías aéreas. Su desesperación es lógica ya que, además de perder su puesto de trabajo, llevan siete meses sin cobrar del patrón de patrones. Pero la desesperación no puede llevar al error de creer que el Estado debe resolver, incluso, los impagos o las quiebras de compañías privadas, mal gestionadas, hasta el extremo de solucionar la vida laboral de los afectados por un ERE. Ya es llamativo que los sindicatos, de la compañía de Díaz Ferran, hayan consentido que la mayoría de los trabajadores de la empresa trabajaran sin cobrar meses y meses, en vez de plantarse delante de su casa a reclamar los salarios adeudados. Las entidades bancarias no han tenido con el presidente de la patronal tantos miramientos y así Caja Madrid, de la que es consejero, no dudó en abrirle un expediente por impago de un crédito de más de veintiséis millones.
La caja madrileña, además, no ha aceptado las garantías propuestas por Díaz Ferran, consistente en terrenos en Méjico y una concesionaria de transportes en Alcalá de Henares y ha exigido garantía sobre su patrimonio personal, a lo que el deudor se ha negado. ¿De verdad creyeron los trabajadores que aguantando sin cobrar iban a lograr salvar la compañía?
Por lo tanto, antes de acudir a Fomento, que no tiene capacidad jurídica para obligar a otras líneas aéreas privadas a aceptar trabajadores ajenos, las concentraciones tendrían más sentido ante la sede de la CEOE que ha cerrado filas con un empresario que no hace frente a sus responsabilidades.
Sólo el transporte de los miles de viajeros a los que la compañía de Díaz Ferran dejó tirados en Barajas y otros aeropuertos, los días previos a la Navidad, ha costado al Estado, es decir a todos los españoles, más de seis millones de euros que saldrán de las arcas de Hacienda, las arcas que se llenan con los impuestos. ¿Dónde está el patrimonio del presidente de la patronal que no quiere poner ni siquiera como garantía?
El Estado tiene el deber de ayudar a los ciudadanos, a los pescadores del Alakrana que sin la mediación gubernamental todavía seguirían en manos de los piratas somalíes, a los cuatro cooperantes catalanes secuestrados por Al Qaeda en Mali, porque sólo a través de Exteriores se les ha podido hacer llegar la urgente medicación que necesita uno de ellos, herido de bala en una pierna. Pero el Estado no está para salvarle la cara a un mal gestor, se llame como se llame y tenga el cargo que tenga, sintiéndolo mucho por los trabajadores que han perdido su empleo.
