MADRID, 7 (OTR/PRESS)
El día de la Pascua militar arrancaba con unas llamativas declaraciones del Jemad, jefe de estado mayor de la Defensa, general Julio Rodríguez, expresando una opinión de la que participa un porcentaje cada vez mayor de españoles: «Cuanto antes nos podamos marchar de Afganistán, mejor». Ojo al matiz: «cuanto antes nos podamos marchar». Es decir, que no depende exclusivamente de nuestra propia opinión, abiertamente favorable a la marcha de un polvorín como Afganistán, donde todos nos preguntamos qué hacemos ahí, qué pintamos, qué se nos ha perdido…, por mucho que las Naciones Unidas, y sobre todo el presidente de EEUU, Barack Obama, nos haya rogado encarecidamente, no sólo proseguir, sino incrementar la presencia «por el bien de occidente» y para no dar facilidades a los talibanes…
Pero el dato complementario de la jornada relataba que solamente el 22 por 100 de los españoles apoya enviar más soldados a Afganistán. Crece el rechazo del aumento de tropas, particularmente en los partidos más combativos, como IU e ERC. Pero todavía daría más de sí, esta jornada militar: La ministra Chacón anunciaba que el Ministerio de Defensa reconocerá a las asociaciones profesionales de militares la condición de interlocutores para abordar los asuntos de personal, pero no admitirá la celebración de elecciones en los cuarteles. En otras palabras, que no se aplicará a las Fuerzas Armadas el modelo previsto en la ley de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil de octubre de 2007, que desembocó hace un año en la celebración de las primeras elecciones democráticas en el seno del instituto armado.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, aprovechaba, en efecto, su discurso de la Pascua Militar, en presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y una amplia representación de los ejércitos, para anunciar su propósito de impulsar la aprobación de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, una reforma pendiente desde hace siete años y aplazada por sucesivos gobiernos del PP y el PSOE. Decía la ministra que «la condición de ciudadano no puede detenerse a las puertas de los cuarteles», tras advertir de que «el ejercicio de los derechos de los militares nunca puede poner en duda el papel central que ocupan la disciplina, la organización jerárquica y la unidad de los ejércitos. Aceptar estas limitaciones es parte de la responsabilidad que nuestras Fuerzas Armadas han contraído con los españoles». Chacón ofrecía muy pocos detalles más sobre el contenido del borrador que su departamento ha elaborado, hasta el momento por lo menos, con el máximo sigilo.
La ley incluirá «la regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional, a fin de favorecer la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la mejora de su régimen de personal». Anunció también «la constitución de un único Consejo de Personal, en lugar de los cuatro existentes, uno por cada ejército y otro para los cuerpos comunes, cuyos miembros son elegidos por sorteo, y que servirá de cauce para la participación de los militares y de sus asociaciones profesionales». Destacó, por último, «la creación del Observatorio de la Vida Militar, un órgano colegiado de carácter consultivo que permitirá analizar y evaluar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, y que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias».
Señalan los expertos que la novedad de la ley no consiste en reconocer el derecho de los militares españoles a formar asociaciones profesionales, algo que ya les reconoció el Tribunal Constitucional en una sentencia de octubre de 2001. El cambio estriba en que, por vez primera, se reconoce a dichas asociaciones como interlocutores, ya que hasta ahora el Ministerio de Defensa las ignoraba y no las consultaba al abordar reformas de tanto calado como la Ley de la Carrera Militar de 2007. A partir de ahora, las asociaciones se sentarán en el Consejo de Personal, un órgano colegiado que emitirá informes no vinculantes sobre las normas que afecten a la política de personal de las Fuerzas Armadas y podrá elevar propuestas y sugerencias. Defensa excluye, sin embargo, que los miembros de este consejo sean elegidos democráticamente, por lo que tendrá que arbitrar un sistema que permita acreditar la representatividad de las distintas asociaciones. No obstante, se pone de relieve que el punto más conflictivo del borrador elaborado por Defensa es su pretensión de que los militares que se sienten en el Consejo no estén en activo.
Es decir, los militares en activo podrán pertenecer a asociaciones profesionales, pero no podrán actuar como representantes de las mismas. La causa de esta importante restricción es impedir la aparición de una especie de «liberados en los cuarteles»; es decir, de profesionales del asociacionismo militar, con horas pagadas para dedicarse a tal actividad o libertad de circulación por dependencias militares. Tampoco se permitirá que las asociaciones celebren reuniones dentro de los cuarteles. En ambos casos el borrador se aleja de la regulación vigente en la Guardia Civil, pese a que este cuerpo tiene naturaleza militar. Chacón subrayó ayer que la aprobación de la ley «debe ser fruto de un más que amplio consenso en el Parlamento» y anunció que renunciará a presentarla si no obtiene dicho consenso. «En cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma. Y la única política posible es la del consenso y la unidad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno». Insistió en que se trata de hacer unas fuerzas armadas «permanentes» y no propias, específicas o particulares de un gobierno concreto…
Fuentes de Defensa indicaron que se buscará prioritariamente el acuerdo con el PP, al que en breve se invitará a abrir conversaciones. La ministra cuenta ya con el visto bueno de la cúpula militar, a la que presentó el borrador en diciembre. El peligro de una sindicalización de las Fuerzas Armadas parece conjurado. El riesgo es que el nuevo órgano sea tan inoperante como los consejos de personal a los que vendrá a sustituir.
