Victoria Lafora – Justicia y sentido común


MADRID, 9 (OTR/PRESS)

La justicia es algo muy difícil y de una enorme complejidad, un camino lleno de meandros y recovecos. Por eso, transitarla, resulta una tarea ardua para la que se ha de ser sin duda especialista. Aun así, hasta los mejores especialistas en derecho difieren con respecto a multitud de apreciaciones, decisiones judiciales, diligencias o sentencias sin que nadie se sorprenda por ello. Así es la justicia, y por eso mismo, para proteger a los procesados y afinar en las resoluciones, existen diversas instancias a las que apelar.

Lo extraño; lo que realmente convierte a la justicia en algo definitivamente separado del pueblo es que se enfrente de manera radical al sentido común. Porque, cuando la justicia se enfrenta al sentido común, se nos aparece como enfrentada al propio pueblo.

Ultimamente no han faltado ejemplos de jueces cuyo comportamiento y cuyas sentencias han llenado de estupor a la ciudadanía. El juez Ferrín Calamita, retrasando deliberadamente la adopción de una niña, o el juez de Barcelona que absolviendo a un acusado de violencia doméstica porque la víctima «vestía a la moda, con anillos, pulseras y curiosos pendientes», o el otro juez, también en Barcelona y también en un caso de violencia machista, que puso en libertad a un acusado de degollar a su pareja porque «no había riesgo de reincidencia»; o el más reciente, en que el juez Rodríguez Fernández condenó, hace quince días a dos periodistas de la cadena SER a 1 año y 19 meses de prisión, inhabilitación profesional durante el mismo periodo y multas de más de 130.000 euros, simplemente por el hecho de realizar cabalmente su trabajo.

En su sentencia, el mencionado juez reconoce que la información publicada era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de interés público. Y… ¿Entones? ¿En que se basa esta condena? ¿No es eso lo que se espera de un buen periodista, que nos dé una información de interés, contrastada y veraz?

Todo este caso se remonta al año 2003, en que la presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, pidió amparo a su partido para que garantizase el proceso electoral de su agrupación, donde había detectado una avalancha de afiliaciones irregulares con las que se pretendía desequilibrar internamente al partido. Pues bien, la cadena SER dio la noticia -veraz- y aportó pruebas, incluida la lista de los afiliados fraudulentos -insistimos, fraudulentos-. Y es por esa lista, por publicarla, por lo que el juez estima la existencia de un delito. Por eso y porque la noticia se dio en Internet, medio que el susodicho juez no considera de comunicación social sino de comunicación universal. «¡Toma del frasco Carrasco!» que dirían los castizos. ¿Increíble, verdad? Pues más increíble es que el Fiscal General del Estado se sume al criterio del juez. Que nos lo explique.

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