José Luis Gómez – A vueltas con España – Justicia contra la piratería


MADRID, 10 (OTR/PRESS)

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado una nueva regulación contra la piratería en internet, con lo que retorna la polémica levantada hace un mes con el proyecto inicial. Mientras, se plantean debates similares en todos los países, donde nadie tiene muy claro qué se puede hacer para impedir definitivamente que haya internautas que se lucren de las obras ajenas, sin dañar tampoco los derechos de los usuarios de Internet.

La clave está en evitar que la lucha contra la piratería derive en cortapisas administrativas al libre uso de la red, para lo cual en España se ha optado por la solución judicial, de modo que sea un juez de la Audiencia Nacional el que decida si se bloquea una web a petición de la Comisión de Propiedad Intelectual. Se pone como condición previa oír a los afectados y se marca un plazo de cuatro días. Ahora queda por ver quiénes compondrán esa comisión y qué reglamento conducirá sus actuaciones. Sobre la mesa encontrarán dossieres de unas doscientas páginas web, desde las que supuestamente se explotan obras ajenas de manera ilegal, según estimaciones de la SGAE, que es parte interesada.

Este nuevo enfoque del problema por parte del Ejecutivo socialista aparca las pretensiones iniciales de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, y, en general, parece más racional que el primero, al dejar atrás los riesgos de tener una «policía de internet» que pudiera invadir la intimidad y coartar la libertad de expresión. Cuando menos, es un buen punto de partida para que el Congreso trabaje sobre un documento razonable, sobre el que seguirán presionando –es su papel– las asociaciones de internautas y las empresas culturales, a su vez muy enfrentadas.

Visto lo visto, hay que reconocer que el titular de Justicia, Francisco Caamaño, no defraudó a nadie cuando garantizó un control judicial de los cierres de las webs. De hecho fue él quien calmó los ánimos desatados contra la ministra González-Sinde, cuyas tesis partían de un cierto amparo de la Unión Europea, en la medida en que ésta permite ahora la intervención administrativa en este terreno. Tras el verano seguramente ya habrá novedades y podrán verse los primeros resultados prácticos sobre el comercio pirata de películas, canciones y videojuegos. De entrada, la ministra de Cultura insiste en que solo se cerrarán webs y nunca blogs.

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