MADRID, 14 (OTR/PRESS)
Quienes no hace mucho pedían «papeles para todos» apoyan ahora restringir los derechos fundamentales de las personas, incumplir leyes y condenar a la invisibilidad a un importante número de ciudadanos. Eso sin hablar de xenofobia y de otros aspectos que el ayuntamiento de Vic está favoreciendo al negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares -no ilegales, las personas nunca son ilegales- y, por tanto, a negarles derechos que les reconocen las leyes españolas. Entre ellos, el derecho a la sanidad o a la educación, por mucho que algunos grupos xenófobos y no pocas personas que lo son aunque no lo sepan, aplaudan la medida de desproteger a los inmigrantes de esos derechos.
Y no sólo es la decisión, inaceptable, de un municipio, sino el contagio demagógico que una medida de este tipo puede suponer y las consecuencias para el clima social. Afortunadamente, la crisis económica -que ha llevado a muchos inmigrantes a ser explotados en la economía sumergida, al paro, al hacinamiento, a un recorte de salarios al que no pueden negarse porque o lo aceptan o se quedan a la intemperie- no ha provocado, como muchos temían, un estallido social como ha sucedido en países vecinos ni siquiera a un aumento de la delincuencia.
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española ha hecho pública una nota en la que explica con meridiana claridad las leyes que una disposición de este tipo viola y señala que «ninguna norma exige al extranjero probar que su residencia en España es regular» y que, además, «la competencia policial de extranjeros no corresponde a los ayuntamientos» por lo que el Ayuntamiento viene «obligado a inscribirles en el padrón municipal, adquiriendo la cualidad de vecino del municipio». La actuación denegatoria de la inscripción patronal a sabiendas de la injusticia de la resolución podría ser constitutiva de delito.
El desempleo de los inmigrantes -aproximadamente unos 800.000, camino del millón en 2010- exige una política de Estado para los que han regularizado su situación pero pueden quedarse sin prestaciones sociales. También para los que están en situación irregular y, en muchos casos, son doblemente víctimas porque no tienen papales y porque algunos se aprovechan de ello para explotarles. Pero, sobre todo, hay que prevenir, un estallido social al que pueden contribuir decisiones como la del ayuntamiento de Vic. Y eso hay que hacerlo con consenso político, con apoyo social y con un esfuerzo educativo: en las escuelas hay que enseñar a los que inician su vida que las personas nunca son ilegales, aunque estén en situación irregular; que todos los hombres, independientemente de su raza, lugar de nacimiento, sexo o religión, tienen derechos que nadie les puede quitar. Hoy por hoy si alguien quiere cambiar la ley tendrá que proponerlo y conseguirlo. Mientras tanto, hay que cumplir las leyes que nos hemos dado y que en estos asuntos deberían hacernos sentir orgullo de ser un país solidario con los más débiles. Nos conmueve la tragedia de Haití, pero no nos tiembla la mano al echar fuera a personas marcadas por la tragedia de no tener nada. Ni esperanza.
