MADRID, 14 (OTR/PRESS)
Tras estallar el «caso Vic», y tras comprobar algunas actitudes muy contradictorias en el propio Gobierno, no pocos han planteado la cuestión esencial: ¿Qué dice la ley de Extranjería, tantas veces retocada y modificada en los últimos años? La Ley de Extranjería establece la «obligación» de los ayuntamientos de empadronar. La Ley de Régimen de Bases Locales «no admite» planteamientos como el del ayuntamiento de Vic y sólo recoge los requisitos que ha de tener un inmigrante para ser incluido en el padrón: presentar la tarjeta de residencia o el pasaporte. Todo lo demás es ruido. En cuanto a los argumentos legales blandidos por el consistorio para su «motín normativo» parecen a los expertos un perfecto «brindis al sol» que evidencia un plan: azuzar entre la población un debate con deriva «xenófoba».
Asentándose en estos puntos, las organizaciones no gubernamentales han salido al paso de la insurrección normativa del Ayuntamiento de Vic y tildaron su idea de blindar esta ventanilla como «dislate legal». «En vez de decir que quieren cambiar la ley, fuerzan una argumentación hasta el ridículo. Convertir el padrón municipal en herramienta para la regulación del régimen de extranjería es un dislate tremendo», comenta el coordinador del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). «En Vic se ha hecho una cesión a un partido xenófobo con cierta presencia en el consistorio. Es el mayor de los errores. Un retroceso muy simbólico para PSC, CiU o ERC». Para Cear, ninguna de las normas que cita el ayuntamiento como coartada de su cerrojazo -ni la Ley de Régimen de Bases Locales, ni la Ley de Extranjería, ni la Ley de Reglamento de la Población, ni la Ley municipal y de régimen local de Cataluña- recoge la posibilidad de impedir el empadronamiento a un extranjero.
Por todo ello, ha sorprendido la actitud de cautela que mantiene el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien afirmó esperar un análisis que ha reclamado a sus técnicos y abogados del Estado. No obstante, defendió «los derechos vinculados a la dignidad del ser humano», y subrayó que el empadronamiento no puede «condicionar» que una persona pueda «estar en un lugar y pertenecer a una sociedad». Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, Caamaño manifestó que «siempre que se producen este tipo de situaciones» pide a la Abogacía General del Estado «que mire las decisiones que adoptan órganos administrativos y si se ajustan a nuestro marco legal». «En el caso de que esto no ocurra, adoptamos, siempre también las medidas legales pertinentes para reparar la legalidad que se considere vulnerada o quebrada en cada caso», señaló. Por ello, indicó que, en estos momentos, este asunto se encuentra en manos de la Abogacía General del Estado y una vez que tengan el resultado del análisis «se tomarán decisiones desde el punto de vista jurídico». «En principio, yo creo que una sociedad como la nuestra debe respetar los derechos siempre vinculados a la dignidad de las personas y del ser humano», indicó.
A su juicio, «el empadronamiento no puede ser nunca un elemento, una carga administrativa que condicione ese núcleo básico, como puede ser esa dignidad de poder estar en un lugar y pertenecer a una sociedad». «Pero hay que verlo y estudiarlo. Por eso, quiero ser prudente y ver las circunstancias concretas, los elementos concretos y los acuerdos. Espero, por tanto, en su caso, al informe que vaya a realizar la Abogacía del Estado», concluyó. Por su parte, la vicepresidenta De la Vega entiende que la medida del ayuntamiento de Vic no está cubierta» por la ley. María Teresa Fernández de la Vega dijo que el alcalde de Vic debe ser la «única persona» que considere legal esta medida. «Las normas de ese Ayuntamiento sobre este asunto no están cubiertas por la ley», sentenció Fernández de la Vega después de mantener una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dentro de la ronda que ha iniciado por las comunidades con motivo de la Presidencia española de la UE.
El alcalde de Vic, de Unió, ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, mantiene que la propuesta es «legal» según sus servicios jurídicos, pero si algún informe de otra administración demuestra la ilegalidad, posiblemente retirarán la medida. Y tampoco hay que olvidar la situación real en la población, donde los inmigrantes han crecido exponencialmente en los últimos años, hasta llegar a los 10.000 de los 38.000 habitantes. Algunos habitantes de Vic con dificultades para encontrar trabajo les culpan directamente de la competencia que les hacen los inmigrantes…
