Pedro Calvo Hernando – El camino de la xenofobia.


MADRID, 15 (OTR/PRESS)

Lo que ocurre con los inmigrantes sin papeles en lugares como Vic o Torrejón de Ardoz, donde no les permitirán empadronarse, no es sólo un problema jurídico sino la punta del iceberg de la actitud xenófoba de una buena parte de la sociedad española. Una actitud no exclusiva de ninguna ideología o posición política pero que se hace más patente en los sectores conservadores, y no digamos en los de extrema derecha. Por eso sorprende más lo de Vic, ayuntamiento regido por una coalición de CiU, PSC y ERC, es decir, que dos de los partidos, aunque el alcalde sea de CiU, son formaciones de izquierda y aunque ahora estén intentando que el alcalde rectifique. Desde la derecha se las estaban prometiendo muy felices, porque, aunque están más que de acuerdo con lo que sucede en Vic, aprovechaban bien, como siempre, la circunstancia para zaherir al PSC y, por tanto al PSOE. Cuál no sería su sorpresa, incredulidad primero y desolación después, cuando se hizo público, hace pocas horas, el caso de Torrejón de Ardoz, una gran población madrileña de más de cien mil habitantes. Por no hablar de Ceuta y Melilla, también del PP.

En Torrejón el ayuntamiento, de alcalde del PP, hace lo mismo que el de Vic, sólo que más, pues ni siquiera empadrona a los inmigrantes con visado de turista. Y resulta que el alcalde de Torrejón es del PP con mayoría absoluta, mientras que no es ese el caso de Vic. Siempre les pasa lo mismo. Pero cuidado con utilizar eso por los socialistas como excusa o alivio. No, de ninguna manera. En Vic y en Torrejón sus autoridades deben rectificar inmediatamente, pues en ambos casos se trata de una violación de los derechos humanos de los inmigrantes y de una violación de las Leyes de Régimen Local y de Extranjería. Lo más grave, por supuesto, es lo primero. No sé en qué tipo de sociedad vamos a vivir si se sigue por el camino de la xenofobia, que eso es, por mucho que se disfrace de otras cosas o se utilicen falsos pretextos. El Gobierno de España tiene la obligación de vigilar todo esto y de imponer al menos el cumplimiento de las leyes.

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