MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Con el anuncio efectuado este jueves por los cuatro concejales del PSC en Vic, que han asegurado, en un comunicado, que el grupo municipal socialista «como hemos dicho desde el primer día, hará cumplir la ley tal como ha dictaminado el informe» de la Abogacía del Estado encargado por el Ministerio del Interior sobre el empadronamiento de inmigrantes, puede darse por concluido el conflicto suscitado por el ayuntamiento de la ciudad de negarse a empadronar a los inmigrantes «sin papeles». La Abogacía del Estado considera en su informe que los ayuntamientos deben inscribir en el padrón municipal a todos los inmigrantes, «con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español», por lo que «no resulta procedente» rechazar su empadronamiento con esa excusa. Los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado así en el informe con el que responden a la consulta remitida al Ministerio del Interior por el Ayuntamiento de Vic, Barcelona, que se planteó denegar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular. Los ediles del PSC, que forman parte del equipo de gobierno, han señalado que «en todo momento hemos manifestado el necesario cumplimiento de la legislación vigente» y que, en ese sentido «nos remitimos a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que respecta al ordenamiento jurídico, y en especial al informe del Ministerio del Interior».
También resaltan que el Ayuntamiento de Vic «como la mayoría de ayuntamientos de Cataluña, ha realizado una labor de integración importante, en beneficio de la cohesión del país». Considera el grupo municipal del PSC que «los ayuntamientos deben tener los instrumentos y los recursos necesarios para la gobernabilidad de la realidad que vive el municipio» y que las administraciones públicas «deben continuar trabajando desde la coordinación y la cooperación en las políticas que afectan a la ciudadanía». Cabe recordar que el pasado lunes, la comisión ejecutiva del PSC dio órdenes a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Vic para que se opusieran a cualquier modificación restrictiva para dificultar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares en la ciudad.
El episodio de Vic ha forzado a que cada grupo político se situara ante el problema de la inmigración ilegal o «sin papeles»: aparecer en el padrón municipal equivale a que esos inmigrantes puedan ser atendidos en dos servicios básicos, la Sanidad pública y la Educación de sus hijos en edad escolar. De lo contrario, no tendrían tales atenciones. Desde el PP y desde CiU se pudieron escuchar voces contrarias a esa integración por lo que podría ser una puerta de entrada a la regularización total. Incluso desde el PSOE, el vicesecretario y ministro de Fomento, José Blanco, puso de relieve la incongruencia de las normas vigentes: de un lado empadronar, y de otro, y al mismo tiempo, la orden de expulsar a los ilegales. Por su parte, el presidente Zapatero enfatizaba, en su intervención ante el parlamento europeo, que no se consentirá que se menoscaben derechos elementales de la persona humana con el que calificó de «truco de Vic».
