Antonio Casado – A Garzón le tienen ganas.


MADRID, 12 (OTR/PRESS)

Dentro y fuera de la Judicatura al juez Garzón le tienen ganas pero, en vez de hacérselo saber por derecho, se aprovecha la denuncia de una secta política de estirpe ultraderechista para aparentar que la ofensiva se lleva a cabo en nombre del Estado de Derecho. La ley castiga el delito de prevaricación, que es el supuesto de máxima indignidad en el comportamiento de un funcionario público. Y eso es lo que la secta política que desencadenó el procedimiento judicial contra el mencionado juez de la Audiencia Nacional quiere obtener el Tribunal Supremo: el ajusticiamiento público de un juez que quiso aplicar el principio de jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad. En este caso, los cometidos durante el régimen franquista, a cuyo ideario se declaran adictas las organizaciones querellantes, «herederas directas de las implicadas en los crímenes investigados», según dice un comunicado de la UPF (Unión Progresista de Fiscales), hecho público el jueves pasado en defensa de Baltasar Garzón.

Se dirá que la tramitación de la querella en el seno del alto tribunal competente para el supuesto delito de un juez, no responde al mayor o menor celo demostrado por el juez en la persecución del genocidio achacable al Franquismo, sino a la transgresión de un principio capital en el ejercicio de la función de un juez. Me refiero a la toma de decisiones deliberadamente injustas. «A sabiendas» de que son injustas, como dice el Código Penal al tipificar la conducta prevaricadora de un juez.

De modo que, según el magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, su compañero, el juez Garzón, habría tomado decisiones u ordenado diligencias, respecto a la investigación de los crímenes del Franquismo, siendo consciente de su improcedencia. Por ejemplo, el propio hecho de declararse incompetente para investigar conductas de hace más de medio siglo que están despenalizadas por la Ley de Amnistía o el empeño de buscar elementos de prueba para demostrar el fallecimiento de los responsables, empezando por el propio general Franco.

Lo que resulta sorprendente es que, a lo largo del tiempo transcurrido mientras el juez Garzón tomó aquellas decisiones y ordenó aquellas diligencias, hubo jueces a favor y jueces en contra. Pero a ningún otro juez le han tomado por prevaricador, a pesar de compartir las tesis de Garzón antes de que éste se declarase finalmente incompetente en favor de los juzgados territoriales. Y se acabó declarando incompetente, entre otras cosas, porque así lo reclamó el Ministerio Fiscal. Detalle este muy significativo, porque el Ministerio Fiscal, como el juez Varela, también creía que Garzón no era competente, pero en ningún caso creía que fuese prevaricador. Ni creía ni cree.

En la causa que está tramitando el juez Varela contra Garzón, cuyo archivo reclama éste ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal no acusa de prevaricador a Garzón. Y va a ser muy difícil que llegue a ser condenado, aunque pudiera llegar a sentarse en el banquillo, si la acusación pública no existe. Hay muy pocos precedentes, por no decir ninguno, de una condena por prevaricación de un juez que sólo se sustenta sobre la acción de una acusación particular y no cuenta con la acusación del Fiscalía, que es la institución pública a la que se encomienda la aplicación de la legalidad.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído