MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Las comisiones, en general, no tienen buena prensa. Sirven para que se multipliquen testimonios, las espadas dialécticas se adueñen del ambiente y, en raras ocasiones, se averigua algo que no se sabía o se establecen conclusiones que resulten novedosas. Consciente de ello, el Presidente ha dado un plazo de dos meses para que la comisión capitaneada por José Blanco llegue a acuerdos con los grupos parlamentarios para encontrar recetas para salir de la crisis, para que la realidad no duela tanto y deje de ser tan taciturna como hasta el momento.
En las vísperas se está visualizando el ascenso imparable de Blanco, el escaso entusiasmo de quienes van a asistir a la cita del jueves y la ausencia absoluta hacia el primer partido de la Oposición. Guste o no guste, el partido liderado por Rajoy tiene, nada menos, que 10 millones de votos. Menos que el PSOE, pero también son muchos votos. Por otro lado, el que Rajoy explicite su desconfianza en el Gobierno no ayuda tampoco a que los ánimos se sosieguen, aunque en Génova explican esta posición porque creen que Zapatero lo que de verdad quiere es pactar con CiU y PNV «y con los que se sumen».
En cualquier caso hay que abandonar la idea del pacto de Estado. En estos sesenta días se hablará de muchos asuntos, pero todos son de tal envergadura que merecen, cada uno de ellos, un curso monográfico y la impresión más compartida es que la situación no está para muchas disquisiciones. Estos sesenta días servirán, además, para que los partidos nacionalistas aparezcan como especialmente responsables y comprometidos. A estos sesenta días de trabajo hay que añadir algo que ha pasado más desapercibido como es el enorme calendario de proyectos de ley y planes que el Gobierno, según su Presidente, va a llevar al Congreso durante el mes de marzo. La última propuesta es, además, elaborar una Ley de Economía Social. La de la Economía Sostenible parece estar en estudio.
No sé si el Gobierno trata de ganar tiempo. Lo que es seguro es que el tiempo pasa y que lo único concreto y tangible son los 426 euros que van a recibir todas aquellas personas que ya no cobran ningún tipo de prestación. Todo lo demás queda al albur de la negociación, condicionado al pacto con otros grupos y, como mucho, a propuestas que hace el Gobierno para decidir entre todos. En una democracia parlamentaria acudir a la vía del decreto no es lo más aconsejable. Todos los Ejecutivos toman con cuidado esta facultad, pero cuando las circunstancias lo exigen se aprueba un decreto y no pasa nada, como ha quedado demostrado con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros a iniciativa del ministro de Fomento para afrontar el conflicto de los controladores. ¿Se imaginan que en lugar de tomar decisiones claras, Blanco hubiera creado una comisión? Si un ministro puede tomar decisiones, mucho más un Presidente de Gobierno que, cuando ha querido, ha demostrado ser capaz de hacerlo.
Nuestro Presidente cuando quiere algo lo hace, o por lo menos lo dice. Ni sesenta días han pasado desde que la Vicepresidenta Salgado viajara a Londres con el fin de «tranquilizar e informar correctamente a los mercados» para que el Presidente, también en Londres, les reprochara a los mismos mercados su actitud. Un desahogo por su parte absolutamente inoportuno que ni Brown ni Papandreu se permitieron y que los mercados y quienes no son los mercados apuntaran en cuaderno de mármol.
