MADRID, 22 (OTR/PRESS)
Hasta ahora todo venía centrado en la reunión que los partidos parlamentarios llevarán a cabo el jueves, para señalar por dónde pudiera producirse alguna clase de conjunción en el llamado Pacto de Estado por la Economía. Pero la semana se ve interrumpida por la aparición en escena de los sindicatos y su movilización contra el propósito de ampliar en dos años el tiempo anterior a la jubilación de los trabajadores. Ese propósito avanzado y anunciado por el Gobierno saltándose el trámite pertinente de someterlo al Pacto de Toledo, ha merecido una repulsa fulgurante y tajante de los dirigentes sindicales, que, como han descrito algunos de sus propios dirigentes «han puesto pie en pared», y han advertido al presidente del Gobierno que «así, no, Zapatero; eso no», con una agresividad que no parece la más ajustada para el amigo que ha cometido un error de estrategia, sino para el enemigo irreconciliable y a destruir…
Pero es el tono que han elegido los sindicatos, muy frecuentemente alanceados por haber mantenido un silencio cómplice con los efectos y derivaciones más lacerantes de la crisis, por ejemplo, los cuatro millones y pico de parados. Esos millones de parados no han merecido las movilizaciones que ahora se disponen a llevar a cabo los sindicalistas y sus seguidores en Madrid, Barcelona o Valencia, entre algunas ciudades más. En realidad, da la impresión de que los sindicatos pretenden con esta salida a la calle no resultar totalmente ajenos a la crisis y sus consecuencias. La reforma de las pensiones, o de la edad de jubilación, está en buena medida forzada a plantearse por causas que, siquiera en alguna medida, vienen forzadas por la crisis: El sistema de la Seguridad Social no tiene los ingresos que tenía hace dos o tres años, y en cambio, ha elevado sus gastos derivados de la propia crisis. La otra razón es puramente demográfica: vivimos una veintena de años más de lo que vivíamos hace dos décadas, y eso también pasa factura al sistema. Hasta el punto de que venimos escuchando desde hace años que se hace imprescindible proceder a su revisión y puesta al día, precisamente para que dure y pueda servir para las generaciones de los próximos años. Sólo hay un procedimiento: que los ingresos mejoren. Y no se han descubierto más que dos fórmulas: con más trabajadores cotizantes, o con la cotización durante más tiempo de los actuales cotizantes.
Lo primero, es, ahora mismo, difícil de conseguir precisamente por causa de una crisis que ha destruido cerca de dos millones de empleos y muchos miles de empresas. Hasta que se regenere ese tejido empresarial y vuelva a crearse empleo neto, piensan los expertos que deben buscarse soluciones alternativas, entre ellas la prolongación de la vida laboral. ¿Pero, cómo hacerlo, sin molestar a quienes abominan de sus trabajos y querrían haber llegado a la jubilación «ayer» y no pasado mañana? Ahí es donde deberán pactar los políticos del Pacto de Toledo: si habrá de ser una prolongación voluntaria, y que tenga alguna clase de aliciente para quienes prolonguen su tiempo de vida laboral o para las empresas que los mantengan en sus nóminas. Y que se excluyan algunas profesiones de especial dureza, o quienes ya han cotizado por encima de determinado número de años…
Todo eso se supone que se debatirá en el Pacto de Toledo, y todo ha comenzado a debatirse en la opinión pública por virtud de un garrafal error del Gobierno, que ha sido enviar un proyecto inmaduro e incompleto como si fuera un programa «serio y solvente» de próxima y forzosa aplicación. Los sindicatos han aprovechado el error para mostrar su eventual fiereza, después de haber sido repetidamente criticados por su ausencia en otras tareas pendientes, como la reforma del mercado de trabajo…
