MADRID, 26 (OTR/PRESS)
En las primeras aproximaciones que se han producido, tras la reunión preliminar entre el Gobierno y los partidos parlamentarios sobre un eventual futuro pacto de Estado para relanzar la economía tras la crisis, han aparecido un par de elementos novedosos, en los que no habría que descartar que se produjeran las cesiones. Uno es el anunciado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, según la cual, podría producirse la reducción de empresas públicas. Una medida, sin duda, que entra perfectamente en dos necesidades urgentes que tiene el Gobierno: la conveniencia de ahorrar gastos y la no menos urgente precisión de incrementar una recaudación. Ambas cosas, gastos disparados y recaudación disminuida, son dos de los efectos más lamentables que dejan tras de sí dos años de actividad económica abiertamente disminuida. Esto, por lo que se refiere a probables iniciativas del Gobierno, que habrán de traducirse en concreciones viables.
En idéntico propósito cabe inscribir el otro propósito que es muy probable que eleven al Gobierno muchos, o acaso todos, los grupos parlamentarios. Se trata, bien es cierto, de recaudar más, pero no al precio de que esa voracidad fiscal signifique o pueda suponer un recorte al crecimiento deseable. Y eso es lo que muchos expertos sospechan que pudiera suceder con la elevación del IVA anunciada para la segunda mitad del presente año. Incluso en informes comunitarios se ha señalado que una previsible recuperación inicial de los niveles del Producto Interior Bruto pudiera verse truncada, en la segunda mitad de este año, por esa entrada en vigor de unos nuevos y mayores niveles del Impuesto sobre el Valor Añadido. De ahí que es muy probable que se llegue a solicitar «de común acuerdo» por todos o la mayor parte de los partidos, que se evite ese trance que pudiera entorpecer la recuperación del crecimiento nacional. No parece descabellado, por consiguiente, que pudiera producirse alguna forma de trueque: menos empresas públicas y menores costes públicos, pero también menor recaudación por virtud de unos impuestos incrementados.
En particular, el IVA sobre el turismo aterra a los industriales del sector y aterra, asimismo, a los comerciantes, que han comprobado una muy significativa reducción de sus negocios. Por lo que se refiere a las empresas públicas, la revisión de las existentes a nivel estatal, pudiera reclamar una revisión paralela de las empresas creadas en los niveles de los Gobiernos regionales y que han llegado a ser consideradas una indeseable resurrección de un «INI» inacabable… ¿Y por qué no las televisiones autonómicas, tan costosas como inútiles y generalmente manipuladas?
En el resto de las materias, es muy probable que haya muchas y muy distintas apreciaciones. Los partidos de izquierda, por ejemplo, es seguro que pedirán mayor gasto e incluso mayores impuestos. En ese sentido se ha manifestado ya el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara. Por el contrario, desde el PP y CiU se va a insistir en la reclamación de recortes sustanciales en el gasto. Eso sí, con la apreciación de que en esa filosofía debieran coincidir, con idéntico énfasis, los gobiernos regionales y los restantes entes autónomos. Esos chocolates del loro ahorrarían muchos cientos de miles de millones de euros al atribulado contribuyente…
