MADRID, 28 (OTR/PRESS)
El Estado, según la Constitución, pivota sobre el Gobierno pero también sobre las comunidades autónomas; por eso el primer representante del Estado en una autonomía es su presidente. Sin embargo, a menudo se confunden estos términos, empezando por los medios de comunicación, que también debemos hacer autocrítica. Así, es muy frecuente leer noticias o artículos en los que se confunde el papel del Estado y del Gobierno, e incluso el déficit del Estado con el del Gobierno, entendido éste como Administración central. Aunque la Constitución sea clara al respecto, este clima evidencia que España es un Estado cuasifederal –llamado de las Autonomías–, donde en el fondo se confunden muchos papeles, hasta el punto de que el Gobierno se siente a menudo titular único del Estado.
La crisis, lejos de acomodar las posiciones, las tensa, de manera que ahora están desatándose tanto los deseos de una parte de la derecha de poner coto al Estado de las autonomías, como el intento de los más autonomistas de hacerse fuertes. Lo expresa bien una frase del conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, que dice: «¿Qué se creen? ¿Que ellos son los profesores, y nosotros, los pequeños alumnos? Pero si en muchas de estas cuestiones –se refiere a las medidas de recorte del gasto público–, el que habría de seguir nuestro ejemplo es el Gobierno central».
Muchas veces, este tipo de diferencias de criterio se reducen a eso, a meros debates dialécticos, en busca de buenos titulares. Pero en esta ocasión no se trata de juegos florales, sino de arreglar un problema económico grave, que se expresa en euros. El déficit del Estado, es decir, de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, superó el año pasado el 11,4% del PIB, lejos de los criterios de la Unión Europea y también del sentido común. Y ahora hay que reducirlo recortando el gasto público y elevando los ingresos públicos, entre todos. Castells puede tener razón cuando critica el tono de superioridad moral con que a veces se expresa el Gobierno de Zapatero, sintiéndose a la vez la única voz del Estado; sin embargo, tendrá que arrimar el hombro, del mismo modo que los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el PP. Una cosa es que Mariano Rajoy siga empeñado en azuzar el debate fiscal, porque cree que le dará votos, y otra muy distinta lo que deben hacer los populares que también gobiernan España desde sus autonomías. Por lo demás, el PP está en todo su derecho de oponerse a subir el IVA pero si hay que reducir el déficit sí o sí, o el PP indica qué gastos quiere recortar o debe señalar qué impuestos alternativos desea incrementar. Cuando las cosas de la política se miden en euros, hay que ser concreto. No vale la demagogia.
