MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Pareciera que cada partido tiene sus jueces de cabecera; algo así como el médico de cabecera de hace unos años. Baltasar Garzón ha desatado una campaña de adhesión que incluye excursiones a Jaén, actos de exaltación y pósters a la manera de Warhol del nuevo ídolo de la Justicia española. La declaraciones de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal especial anticorrupción, son sencillamente alarmantes porque afirma que «la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo». Ministros, políticos, intelectuales se manifiestan a favor de Garzón, lo que pudiera indicar que el juez está amenazado por unos poderes al margen del estado de derecho.
Por otro lado, el PP y la extrema derecha, objetivamente tienen enfilado al juez estrella y harán todo lo posible por acabar con su carrera porque unos le tienen resentimiento por atacar al franquismo hasta el extremo de querer abrir una causa general y otros quieren anular su instrucción del caso Gürtell.
Quienes defienden y se manifiestan a favor de Garzón no creen en la independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo o quieren situar al juez al margen de sus responsabilidades penales. Una de dos. No hay otra alternativa. Es cierto que la extrema derecha es la querellante. Pero, ¿desde cuando se pueden limitar los derechos constitucionales sin sentencia judicial que condene a perderlos? Si hubiera confianza en las instituciones daría igual que la querella fuera de la falange o de lucifer, porque lo que harían los tribunales sería analizar los hechos y no al demandado.
La crisis de confianza en la Justicia promete ser irreversible porque los dos grandes partidos, en su absoluta irresponsabilidad, no están dispuestos a pactar los cambios necesarios que hagan a la Justicia indiscutible.
Ahora Margarita Robles ha hecho lo que no hizo en su día Baltasar Garzón, que no se abstuvo en la instrucción de las causas contra sus enemigos personales Rafael Vera y José Barrionuevo. Este país no tiene memoria: no le gusta recordar lo que no encaja en cada momento histórico. Pero los hechos son tozudos. Y ahora toca saber si tiramos al traste con la Justicia para que sólo quede la Monarquía como la única institución que no esté en la trituradora. Cuestión de tiempo.
