MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Tiene gracia, pero tiene razón. Felipe González ha dicho en la Universidad de Nueva York que «la Unión Monetaria y el Pacto de Estabilidad tenían a un magnífico alumno en España hace dos años, y ahora es de los peores de la clase». Tiene razón Felipe porque los datos son datos y la situación es la que es. Habría que matizar algo porque en su intervención también habló de que «el país iba mal antes de que estallara la burbuja especulativa» y se tardó en ver «una situación de emergencia». Es decir, cumplíamos, pero los que tenían que saber no se enteraban de nada. Luego no iba tan bien.
Y tiene gracia el ex presidente porque cuando él salió del Gobierno España no cumplía ni uno solo de los criterios de convergencia de Maastricht y tuvo que ser un Gobierno de otro signo el que cambiara el rumbo de la nave y pusiera a España en el camino modélico de estar entre los primeros de la clase europea. Y mañana, ¿dónde estaremos? Para empezar tenemos un déficit del 11,2 por ciento, ocho puntos por encima del que deberíamos cumplir en 2013 por exigencias de la Unión Europea. ¿Podemos bajarlo al 3 por ciento? Difícilmente. El líder de Comisiones Obreras ya ha dicho que es imposible sin «un grave coste social». ¿Quiere eso decir que los sindicatos apoyarían algún recorte social? Nada más lejos de la realidad. Los sindicatos dicen que ni se toque el gasto social y Zapatero está en la misma disposición. Toxo, Méndez y Zapatero saben que si se produce una protesta social generalizada -y no es descartable a medio plazo- la precaria fragilidad del Gobierno obligaría a convocar unas elecciones anticipadas. Y ninguno de los tres las quieren.
Recortar el gasto en educación, sanidad, prestaciones sociales, justicia o dependencia puede provocar un polvorín social. El problema es que los ingresos caen y los gastos aumentan. El Gobierno puede actuar sobre un 40 por ciento del gasto, las autonomías tienen algo más de otro 40 y los ayuntamientos algo menos del 20. Sin acuerdo, no salen las cuentas. Las administraciones central, autonómica y local tendrían que adelgazar sus estructuras y reducir el número de funcionarios, contratados y asesores. Pero no parece que estén por la labor.
Necesitamos crear empleo ya y modernizar la estructura y el tejido productivo, cambiar el modelo. El Círculo de Empresarios dice que «en los próximos años es necesario que surjan en España alrededor de medio millón de nuevos empresarios para garantizar el desarrollo sostenible de la economía». Cuando las administraciones públicas crean empleo «provocan desequilibrios severos en forma de endeudamiento e inestabilidad presupuestaria», dice el Círculo. Son los empresarios quienes crean puestos de trabajo, riqueza y bienestar. ¿Han visto ustedes alguna medida del Gobierno en esta dirección? Yo tampoco. Vamos a tener que declarar «especie protegible» a los empresarios porque son una parte importante, tal vez decisiva, de la solución. En lugar de demonizarles hay que favorecer que surjan. Entre otras cosas, para que dejemos de ser «los peores de la clase».
