José Cavero – La estrategia de anular las escuchas.


MADRID, 25 (OTR/PRESS)

Que el tribunal haya decidido anular las escuchas de conversaciones mantenidas entre defensores e implicados en el caso Gürtel no es algo casual, que sucede de improviso, y porque sí. Tampoco es nada casual que el defensor de Jaume Matas haya intentado idéntica estrategia en Palma, una vez comprobado el éxito de los estrategas madrileños. No falta quien haya echado mano de una memoria potente y haya recuperado el Caso Naseiro, de financiación ilegal del PP, que en su día se quedó archivado sin llegar a consecuencias penales porque las grabaciones a los imputados fueron «manipuladas» en su versión judicial. No es nuevo que las escuchas entre «presuntos» y sus defensores hayan cooperado decisivamente en la anulación del juicio, del caso, o de una buena parte de uno y de otro. El propio Fiscal general Conde Pumpido ha tenido que decir que aunque se anularan esas escuchas del caso Gürtel, quedaría mucho caso al que «meter mano» judicialmente, y que esas escuchas no liquidan el proceso en su totalidad, ni mucho menos. De parecida manera, Esperanza Aguirre pareció enfadada con esa posibilidad de anulación, y reclama que la investigación llegue hasta el final, y no se cierre en falso.

En las últimas horas, han sido varios los expertos que han opinado sobre el particular, y que aún discuten sobre la conveniencia de proceder a esas anulaciones de testimonios captados entre defensores y defendidos. Me remito a la opinión del profesor Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional, que advierte que el abogado no está exento de una intervención judicial de sus comunicaciones si hay indicios delictivos, si bien entiende que las intervenciones deben tener un fin constitucionalmente legítimo. Esa parece ser la cuestión: que los defendidos no se valgan de sus defensores para una protección de fuentes que pudieran ser empleadas en la vista del caso. O dicho de otro modo, que el defensor llegue a ser partícipe de las actuaciones ilegales del defendido. En esos casos, como recuerda Marc Carrillo, el abogado transgresor de la ley no puede quedar indemne si sobre él recaen indicios de acción antijurídica. Y parece que la línea divisoria es muy fina y difícil de delimitar. Es conocido el caso de connivencia de etarras y sus defensores. Pero, ¿no sucede algo parecido entre delincuentes «de cuello alto» y sus abogados «de postín»?

La coincidencia de los dos casos que están situando al PP en situación incómoda -Gürtel y Matas-, han forzado a recordar el caso Naseiro y a preguntarse si no estamos en cada uno de los casos ante la habilidad de un ex ministro de Justicia y un ex fiscal que apuran hasta el límite las posibilidades que le brinda el garantismo procesal, judicial y constitucional. Hay, qué duda cabe, enorme expectación sobre lo que suceda en Gürtel -donde discrepan los expertos- o lo que pueda suceder en la vista contra Matas, donde el ex presidente balear y su defensor se aferran ahora a la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular parte del sumario de la trama Gürtel, en concreto, el grueso de las conversaciones grabadas en la cárcel entre los tres cabecillas de la trama y sus abogados. Como en Gürtel, el letrado de Matas, Rafael Perera, reclama que «todas esas conversaciones deben ser expulsadas de la causa, están invalidadas». Se refiere a las cintas en que hay tres meses de grabaciones a cuatro imputados en la causa. En ellas figura el intento de Matas de lograr que el fiscal superior de Baleares, Tomeu Barceló, actuara en su interrogatorio judicial e impusiera su jerarquía directa ante los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, que le investigan desde hace más de un año.

Como en Gürtel ha gestionado el ex fiscal Peláez, defensor de Correa y compañeros, también Rafael Perera, que actúa conjuntamente con el penalista de Madrid Manuel Ollé en la defensa de Matas y de sus familiares imputados, ha anunciado un futuro recurso para lograr la nulidad parcial de las intervenciones telefónicas, que cogieron por sorpresa a los imputados y a sus defensores. Dijo Perera que había comprobado que hay llamadas telefónicas hechas desde mi despacho, a mi despacho, desde mi móvil y a mi móvil durante todo este tiempo, que considera que vulneran su derecho de defensa y las comunicaciones con su cliente, que deben ser, dijo, «en absoluta libertad, discreción e intimidad».

Estos días, unos cuantos abogados celebran el éxito de haber sido escuchados en sus conversaciones con los probables delincuentes…

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