MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Sesenta y ocho años después de morir enfermo de tuberculosis, por culpa de las penosas condiciones de su encarcelamiento, y con una condena a muerte sobre sus espaldas, un Gobierno de la democracia devuelve la dignidad al poeta Miguel Hernández. Ha costado más de medio siglo que los españoles tengamos el coraje de reconocer públicamente que el poeta «ingresó injustamente en prisión el cuatro de mayo de 1939 y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo Consejo de Guerra». Porque no hubo más razones que las políticas e ideológicas en la condena de Miguel Hernández. Su apoyo a la legalidad republicana y sus versos contra el alzamiento militar le costaron la vida, el silencio (todos sus libros fueron prohibidos) y la vergüenza sobre su memoria.
Aún así la revisión definitiva sobre la condena a muerte solo la puede hacer el Tribunal Supremo, que visto lo visto estos días (la admisión de la causa contra Garzón por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo), no permite albergar muchas esperanzas. Para la nieta del poeta ese sería el verdadero punto final al largo oprobio.
La tímida y denostada Ley de la Memoria Histórica, la que levantó tanta polémica, la que fue acusada de abrir viejas heridas que un sector quiere cerradas para siempre, sirve, al menos, para estos desagravios tardíos pero imprescindibles. Miguel Hernández no está solo, los familiares de más de mil condenados y muchos de ellos ejecutados por simulacros jurídicos de Consejos de Guerra, han reclamado ahora la honra de sus deudos. Quinientos sesenta y siete han recibido del Estado el reconocimiento de la clamorosa injusticia, el resto todavía está en trámite tantos años después.
Como siguen también enterrados en el Valle de los Caídos, la mayor fosa común de la dictadura, miles de republicanos que fueron sacados de las cunetas para rellenar el mausoleo de Franco. Ya se sabe el censo: 33.832 personas de las que apenas veintiún mil han sido identificadas. La larga lucha de sus familiares, para que no siguieran sus huesos en la misma cripta donde yace su verdugo, ha sido inútil. Trabas burocráticas de toda índole les ha impedido, incluso, acceder a los archivos de la basílica.
Queda pues mucho camino por recorrer, muchas cunetas por remover y mucha honra por recuperar. Pero si no lo hacemos, si no se repara esa injusticia monumental, quedará como una mancha en la historia de España.
