MADRID, 31 (OTR/PRESS)
Después de su vergonzante salida de Moncloa en marzo de 2004, estigmatizado por la asociación de su figura a la guerra de Irak, el ex presidente del Gobierno va camino de ser un juguete roto. Se ha quedado para hacer gimnasia y hacer «bolos» (conferencias, viajes, declaraciones…), sin desaprovechar ninguna ocasión de cargar contra su sucesor. El de Moncloa, se entiende. Del otro dice poco, aunque matiza que su decisión de elegirle como aspirante fue excelente en 2004. Lo de 2008 y lo de 2012 ya es otro cantar. O sea, que el resentimiento de Aznar no se ciñe sólo al campo ajeno.
Sin embargo, últimamente no se ha hecho notar tanto por sus latigazos a Zapatero y sus pellizcos de monja al actual líder nacional del PP. El más reciente protagonismo del ex presidente tiene que ver con sus hondas reflexiones en torno a la «peineta» que le dedicó a un grupo de universitarios en Oviedo. A saber: «A personas descaradas, respuestas descaradas».
Pero la gloria mediática de Aznar más cercana está relacionada con el extraño caso de la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos que nunca existió. No dieron de sí lo suficiente los 2,3 millones de euros destinados por el Gobierno de España para mejorar sus relaciones con los EE. UU., según la decisión tomada con carácter de urgencia por el Consejo de Ministros presidido por Aznar el 26 de diciembre de 2006.
Como aquella decisión se tomó sin haber convocado concurso previo y ni siquiera se publicó luego en el BOE, el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas, ha apreciado indicios de malas prácticas en el procedimiento de contratación. Entiende que el Gobierno Aznar pudo haber incurrido en un supuesto de «responsabilidad contable». Todo lo cual ha terminado en la apertura de una causa y el nombramiento de un instructor para investigar si hubo desvío de dinero público para fines privados.
Lo curioso del caso es que quien con su denuncia desencadenó el escándalo es el mismo abogado que ha puesto contra las cuerdas al juez Garzón por supuestos delitos de prevaricación y cohecho (los pagos del Banco Santander por unos cursos impartidos en la Universidad de Nueva York). Y una segunda curiosidad. Como en el caso de Garzón, el fiscal no acusa. Ni el fiscal ni el abogado del Estado, a los que en el entorno del PP suele asignar una insuperable dependencia del Gobierno Zapatero.
Imposible imaginar un doble y simultáneo arropamiento socialista a Aznar y a Garzón, que son de credos políticos incompatibles. Por tanto, podemos tomar el hecho de que ni el fiscal ni el abogado del Estado acusen a Aznar como un antídoto contra quienes aún quieran ver al PSOE detrás de la causa abierta contra el ex presidente del Gobierno. No hay mal que por bien no venga.
