MADRID, 8 (OTR/PRESS)
Ni el propio Franco hubiera podido imaginar que 35 años después de su muerte el partido que sustentó su régimen dictatorial iba a sentar en el banquillo a un juez democrático por el extraño delito de intentar investigar algunas de las barbaridades del franquismo. Algo hemos debido de hacer rematadamente mal para que en materia de responsabilidades criminales la democracia haya dejado la impunidad de la dictadura atada y bien atada.
No somos jueces, pero muchos ciudadanos nos preguntamos hoy, después de sacudirnos la estupefacción, qué delito hay en la actuación de Garzón. Qué delito en responder afirmativamente a la demanda de veinte asociaciones de familiares de las víctimas que buscan aún hoy los cuerpos de sus seres queridos. Qué delito en investigar su posibilidad de actuación jurisdiccional. Qué delito en buscar en la legislación internacional y en los tratados que persiguen los crímenes contra la humanidad los resquicios que en apariencia no ofrece nuestra legislación propia. Qué delito en llegar a la conclusión de su incompetencia y en el traslado del asunto a los tribunales territoriales. Qué derechos se han visto vulnerados, qué personas han sido perjudicadas por estas actuaciones* No encontramos respuestas, mientras se nos agolpan cuando nos planteamos si la actitud del juez hubiera sido justo la contraria, si hubiera desestimado su capacidad de actuación sin dedicar siquiera un minuto a planteársela.
Veremos cómo discurre el procedimiento. La peor de las hipótesis, la de un juez condenado por intentar investigar los crímenes del franquismo mientras sus herederos -que nunca respondieron por ello, ni pidieron perdón a las víctimas, ni mostraron arrepentimiento- se cuelgan la medalla del despropósito, sólo produce vómito.
