MADRID, 11 (OTR/PRESS)
¿Por qué en España, salvo contadas excepciones, no perdieron dinero hasta ahora las entidades de crédito, en contra de lo ocurrido en esta crisis global en muchos otros países, entre ellos casi todos los que van por delante, empezando por Estados Unidos? Hay varias razones que lo explican, pero sobre todo hay una: el otrora serio Banco de España impuso a las entidades financieras un sistema de provisiones anticíclicas, obligándoles a provisionar en los tiempos de bonanza unas cuantías que están permitiendo y van a permitir, al menos en parte, sanear las pérdidas que produzca la crisis actual, con la economía todavía en recesión, aunque ya muy cerca de salir y de entrar en niveles positivos del PIB.
¿Basta con eso? No. A estas alturas, todos sabemos que dichas provisiones no van a ser suficientes para el completo saneamiento del sistema, de ahí los problemas que nos hacen ver en las cajas de ahorros –en parte para cargárselas– y también los que no quieren que veamos todavía en la banca, pero que laten no con menor intensidad; máxime en las entidades medianas.
¿Constituye todo esto un riesgo sistémico que obligue a la intervención o a la aportación de fondos públicos a las entidades de crédito? En principio, no. Existen otros mecanismos de protección que, en conjunto, podemos denominar excedentes de solvencia, que actúan como colchones adicionales y que permiten sanear las provisiones que superen el importe de las anticíclicas ya mencionadas. En la práctica, no ponen en situación de intervención una entidad siempre que su cómputo del coeficiente de solvencia supere el 8%.
Parece un poco lioso pero no lo es tanto. Si sumamos las provisiones anticíclicas a los excedentes de solvencia y les restamos las pérdidas y provisiones que va a generar la cartera de inversiones mientras dure la crisis, podremos clasificar las entidades de crédito entre viables y no viables. Siempre, eso sí, que los criterios de provisiones se apliquen de manera homogénea a todas las entidades del sistema, algo que podría no estar sucediendo para mayor desgracia de las cajas de ahorros, de por sí ya tocadas por sus riesgos inmobiliarios. Si se estudia el caso con detalle y se aplica la transparencia que exige el propio Banco de España a sus supervisados, no vaya a ser que alguien se sonroje en Cibeles y acabe de dilapidar la otrora buena fama del regulador español, donde se supone que, por mucho que protejan a los bancos frente a las cajas, nadie querrá incurrir en la arbitrariedad desde la inspección. ¿O sí?
