Victoria Lafora – Dimisión.


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

Si tanto la justicia como los políticos ocupaban posiciones muy bajas en la valoración de los ciudadanos, con sus últimas actuaciones -unos y otros, justicia y políticos- están sumiéndose en un pozo negro y profundo del que les va a costar muchísimo salir.

Hay un aforismo popular que describe situaciones perversas en las que personas que pudieron tener un objetivo común anteponen su ego a ese propósito: «Entre todos la mataron y ella sola se murió». Pues bien, lo dramático del caso es que estamos asistiendo a la imparable degradación de unas instituciones, sabiendo que pueden morir si -unos y otros, justicia y políticos- persisten en esa desenfrenada carrera de contaminación. Porque ahí es, en la contaminación de la justicia por la política, donde reside el problema; en unos políticos sin conciencia del Estado y de sus instituciones, que anteponen sus egos, sus objetivos a corto plazo y su sectarismo, al objetivo común de proteger y consolidar una democracia aún incipiente como es la nuestra; y a unos jueces y magistrados que, olvidándose de sus altas obligaciones para con ese Estado de Derecho, se dejan manejar como marionetas, convertidos en correas de transmisión de quienes les pusieron en los sitios que ocupan. Que no se quejen, rasguen sus vestiduras ni pidan amparo quienes, día tras día, nos muestran dejación o partidismo a la hora de cumplir con sus sagradas obligaciones.

Si todo lo antedicho se hacía patente con solo echar un vistazo a los periódicos de estas últimas semanas -el caso Egunkaria, las tres querellas contra el juez Garzón, la utilización por unos y por otros del caso Gürtel, o del caso Matas, o del caso Fabra, el espionaje a Cobos y a Prada, entre otros muchos ejemplos en los que los judicial y lo político se entremezclan y contaminan- la guinda ha venido a ponerla el, por quinta vez, fallido intento del Tribunal Constitucional de decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Estatut. Una auténtica vergüenza nacional que nos sonroja a todos y que debería hacer meditar a los partidos políticos y a los magistrados del Constitucional sobre el daño irreparable que -unos y otros, justicia y políticos- le están haciendo a una nación que en modo alguno se lo merece.

Y el mayor problema es que tiene una solución muy difícil. La frívola promesa «mitinera» del Presidente Zapatero sobre la aprobación del estatuto que los catalanes decidieran, unida a la electoralista postura del PP y de Rajoy, al recurrir un estatuto que se desenvuelve sin dramas en Cataluña, fueron los polvos que nos hoy han traído estos lodos. Y esto no lo van a arreglar más borradores con nuevas propuestas de consenso. Solo la dimisión de los magistrados que han sobrepasado su plazo o, mejor aún, la dimisión de todo el Tribunal por vergüenza torera, podría encender una luz en esta tremenda tiniebla en la que todo este asunto se encuentra sumido.

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