MADRID, 20 (OTR/PRESS)
El semanario El Siglo de Europa proporciona a sus lectores una amplia conversación mantenida con el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, reciente protagonista de un acto público en defensa de Garzón, en la Facultad de Medicina de la Complutense. Villarejo, según recuerda el semanario, fue azote de las prácticas insanas de la Administración como fiscal Anticorrupción y ahora se alza como una de las voces más rotundas en la defensa del juez que quieren juzgar e inhabilitar por presunta prevaricación. Jiménez Villarejo empieza la entrevista opinando sobre la situación judicial española, de lo que dice que «es bastante irregular». Y prosigue: «No podemos valorar la situación de la justicia española, en función, exclusivamente, de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, con las decisiones que se están tomando por determinados magistrados respecto del juez Garzón. Porque junto a esto, hay muchas instancias judiciales en todo el territorio nacional que, en su conjunto, por ejemplo, ante el fenómeno de la corrupción, están respondiendo de una forma muy clara, muy efectiva y contundente».
La segunda cuestión pide la opinión del ex fiscal sobre si existe un reductor de extrema derecha judicial «refugiado» precisamente en las más instancias. Dice Villarejo que «hay sectores de la magistratura en el Tribunal Supremo que están dando cauce y apoyo a iniciativas de organizaciones ultraderechistas», con la oposición rotunda del Ministerio Fiscal, «lo cual me parece una situación absolutamente anómala». Y añade que se está produciendo la persecución y el acoso de un juez -Baltasar Garzón-, no sólo reconocido aquí, sino internacionalmente, y que se ha caracterizado por el rigor y la valentía de sus actuaciones y, sobre todo, por el respeto en todos sus actos a las leyes y a los tratados internacionales. La prueba es que en todas sus resoluciones en los asuntos tan delicados y tan conflictivos que ha tenido a lo largo de su historia -el terrorismo de ETA, terrorismo de Estado, delincuencia organizada, narcotráfico, delincuencia de cuello blanco, etc.-, nunca el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia que se dictara por la Audiencia Nacional a consecuencia de su instrucción. Resulta sorprendente que haya un determinado sector de magistrados del TS que estén dando apoyo a iniciativas como las de Manos Limpias, Falange… Unos letrados que no sé quiénes son, pero que de alguna forma están relacionados con la organización del Partido Popular, añade el ex fiscal.
Denuncia luego Jiménez Villarejo que «se ha producido una pasividad generalizada de los jueces de toda España, con contadas excepciones, que sí atendieron las denuncias de familiares de los desaparecidos, sobre la investigación de los crímenes del franquismo, redactado por Baltasar Garzón. Estamos hablando de 114.266 personas desaparecidas. Ante ese rechazo clamoroso y masivo de la justicia española, acudieron al único órgano jurisdiccional que se suponía podía asumir una competencia de tal alcance -la Audiencia Nacional-. Lo hicieron bien, y Baltasar Garzón lo hizo bien, porque el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que el juez debe practicar primeras diligencias, antes incluso de decidir sobre su competencia para proteger a las víctimas, que no son sólo los desaparecidos, sino también sus familiares, según proclaman los tratados internacionales. Lo que hace Garzón es un intento de otorgar tutela efectiva a las víctimas de desapariciones forzadas, que se han producido en una magnitud extraordinaria, y que tiene la categoría de crímenes contra la Humanidad. Y en ese contexto, y a tenor de los Pactos de Nueva York, de 1966, que ya estaban ratificados por España cuando se produce la Ley de Amnistía (1977), y con independencia de la Ley de Memoria Histórica, pone en marcha un procedimiento penal que estaba plenamente justificado, y que nace de la competencia misma de la Audiencia Nacional, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También culpa de estos hechos a que la Ley de Memoria Histórica «se quedara a medias».
«El Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, el Gobierno, se negaron a lo que hubiera sido el paso más definitivo, que era la anulación de las sentencias dictadas por todos esos tribunales fascistas. A eso se une la falta de respuesta oficial a la solicitud de los familiares de los desaparecidos de que los restos de esas personas fueran hallados, localizados y enterrados dignamente. Parece que no era mucho pedir después de 30 años de democracia. Yo comprendo que llegue al alma, al corazón de esta gente, una sensación angustiosa, y se planteen: «pero, ¿dónde estamos?». ¿Y cómo podemos estar aquí, en una democracia que tantas veces se ha enorgullecido de pasar de la dictadura a las libertades? Pues lo hizo con demasiada servidumbre, con demasiados legados perversos. Y lo hizo de forma que, hoy por hoy, tenemos esa asignatura pendiente.
Termina Villarejo reclamando que «lo que no puede ocurrir es que se termine condenado Baltasar Garzón, ni siquiera sentando en el banquillo, ni siquiera suspendido de sus funciones. Ese desamparo en el que se encuentran y se han encontrado durante 30 años, explica que sean algunas de estas asociaciones las que hayan interpuesto una querella contra el juez Varela; lo comprendo, no valoro si es positivo o negativo, pero el que ha marcado ese ritmo ha sido el TS con su decisión de admitir a trámite esas querellas que nunca debió admitir. La página de la dictadura está por pasar; está por conocerse, incluso, todo lo que ocurrió bajo ese régimen de terror», dice el ex fiscal.