MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Es verdad que el ministro Angel Gabilondo viene señalando que hay quince días para que las fuerzas políticas y sociales opinen y aporten posiciones al Pacto Educativo que él mismo se esforzó en presentar en cuatro foros distintos y ante cuatro públicos diferentes a lo largo de la jornada del jueves. A algunos, los quince días le sobrarán, tras escuchar al ministro, o más bien, tras no haber escuchado en boca del ministro lo que les hubiera gustado oír. Gabilondo había señalado que en modo alguno se podía esperar que hubiera coincidencias con las posiciones programáticas de uno u otro partido, y en efecto, así está sucediendo: al PP le parece que se ha quedado corto en algunas materias, como la exigencia de la enseñanza obligatoria del castellano. El PP exige que Educación garantice la enseñanza del español en regiones bilingües. El documento «sólo» obliga a garantizar que los alumnos dominen el castellano y extiende ese deber a las lenguas cooficiales.
Como ha señalado ABC, «el Gobierno se limita a pedir medios para que los niños sepan castellano»…, por lo que el PP lo ve insuficiente. Y califica la propuesta del ministro de Educación de «tremendamente generalista» y sin garantías a la libertad de elección de las familias, y a los nacionalistas, por el contrario, les sobra casi todo. Unos contenidos amplios y variados que abordan cuestiones como las evaluaciones nacionales, un número menor de materias, certificados de inglés… Contrariamente a lo que entiende el PP, Educación sí incluye el concepto de libertad de elección que exige el PP. Para el PP, la propuesta no garantiza la mejora de la enseñanza del castellano, no hace alusión a los derechos de la enseñanza privada, ni garantiza el fortalecimiento de los contenidos comunes. Tampoco reconoce la autoridad política del profesor…
Escuchadas las opiniones de sus adversarios, Gabilondo ha señalado que «hasta aquí ha llegado nuestra capacidad de consenso», aunque no nuestra capacidad de paciencia -puntualizó a continuación-. Y todo permite suponer que no será posible este pacto de Estado, como tampoco lo fue el de los acuerdos debatidos en el palacete de Zurbano, pero que, como en aquella reciente ocasión, habrá miniacuerdos, o varios «pactitos»… El PP se inclina, desde el primer momento, posiblemente desde antes de que Gabilondo presentara su propuesta completa, por llegar a esos puntos concretos de su interés. En particular, ha sido la consejera de Aguirre, Lucía Figar, la que, desde el primer momento, negó que a la propuesta de Gabilondo se le pudiera denominar «pacto de Estado», por no contener las propuestas del PP en materia educativa. Susana Moneo, autoridad superior a Figar en materia educativa del PP, no hizo sino repetir las ideas de la consejera de Aguirre.
Gabilondo, en todo caso, ha prometido 1.570 millones de euros, así como la jubilación anticipada para los profesores. Este aspecto lo habían exigido lo sindicatos. Se propone que un número igual de millones sea el que deberán aportar las comunidades autónomas para aplicar los acuerdos elaborados por el equipo de Gabilondo, del todo insuficientes para el PP y que, aunque no desagradan a la comunidad educativa, tampoco llegan a entusiasmarle. Parece haber convencido a los agentes sociales, pero no a los políticos. Como señala el titular de un diario, este pacto, integrado por 148 medidas, «no progresa adecuadamente».
