MADRID, 27 (OTR/PRESS)
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha decidido, finalmente, alzar su voz para exigir respeto «ante la desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos». Me parece bien la petición pero ¡a buenas horas mangas verdes! que dirían en mi pueblo. Ella que ha tragado con carros y carretas, que aguantó silente el broncazo que le echó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en presencia de todos; que ha sido incapaz de poner orden en la institución que representa, permitiendo un retraso de cuatro años para emitir una sentencia sobre el polémico estatut de Cataluña; que ha asistido, sin inmutarse, a que se visualizara todos los días la politización asfixiante de los magistrados, ahora no puede aparentar que se ha caído del guindo.
Es cierto que estamos asistiendo a una crisis institucional sin precedentes. Que los políticos ya no se conforman con «mangonear» a placer los ámbitos de la justicia, sino que además, si no les salen las cuentas, están dispuestos a cargarse a uno de los tres poderes del Estado, con el riesgo que eso supone para nuestra estabilidad democrática. Es cierto que hay sectores políticos y mediáticos que quieren borrar, de un plumazo, nuestra Transición y reescribir la historia, como si la cosa no fuera con ellos en un ejercicio de irresponsabilidad impropio de quienes deben liderar el país.
Maria Emilia Casas ha dicho con acierto que «nuestra Constitución ha sido un éxito y por tanto una excepción en nuestra triste historia constitucional porque se ha basado en la concordia y el consenso». Lo que habría que preguntarse es qué intereses ocultos y oscuros hay detrás de quienes ya no se reconocen, ni reconocen el esfuerzo de consenso que en nombre de la reconciliación hicieron sus propios compañeros de partido. El otro día me tomé un café con un ex destacado dirigente socialista que, en la confianza que da la privacidad, acusaba ¡nada menos! que de «traición» a los nuevos lideres de su partido. Se quejaba amargamente de que todo el trabajo que los «guerristas» y «felipistas» hicieron en su día para consolidar la Democracia, los nuevos «mandamases de Ferraz» no es sólo que lo despreciaran, sino que lo estaban repudiando. «Estos traidores de nuevo cuño no sólo quieren cargarse la Transición sino borrarnos a todos nosotros de la historia del socialismo y situarnos poco menos que como cómplices del «franquismo» y algo hay que hacer al respecto», decía.
Su reflexión no era un mero calentón de quien no entiende cómo ahora su partido defiende la causa de Garzón y eleva a los altares al juez que puso la X de los Gal a Felipe González, sino algo más profundo. No era sólo un desahogo de alguien que lo fue todo en política y ahora apenas es nada, sino de un socialista y un demócrata muy preocupado porque se estén tocando los pilares básicos del Estado de Derecho. Al despedirnos, simplemente afirmó «Si Zapatero quisiera parar esta locura tardaría un segundo en hacerlo, pero ni quiere, ni puede enfrentarse a Montilla ni hará ningún gesto que le altere mínimamente su perspectiva electoral». Simplemente, así están las cosas, por mucho que la presidenta Casas se queje amargamente.
