MADRID, 1 (OTR/PRESS)
Hace sólo unos pocos días, el presidente de la Xunta gallega, Núñez Feijoo, decidía empezar el recorte de gastos de su administración y anunciaba un recorte bastante parecido al que el Gobierno, comparativamente hablando, ha decidido este viernes en Consejo de Ministros: Los gallegos deberán hacer unos recortes a primera vista de cierta dimensión, pero que a la postre apenas supondrán ahorros de diez millones anuales. Una ridiculez, como hubiera dicho el propio Rajoy. Ahora, el gobierno central anuncia que desaparecen 29 empresas públicas, se suprimen 33 puestos de segundo nivel y se prescinde de 450 consejeros de empresas públicas. La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de 14 sociedades y la fusión de otras 24. También se suprimirán la mayoría de las fundaciones. La reestructuración del sector público supondrá la supresión de 80 cargos directivos. Es seguro que este tipo de «podas» deberán seguir produciéndose en todas las administraciones públicas, porque, como ha anunciado Zapatero, el recorte del déficit hasta dejarlo desde el actual 11 por 100 del PIB en el tres por ciento en 2013, se hará «a rajatabla», y cueste lo que cueste. De momento, han sido esas dos administraciones, gallega y estatal, las que han dado comienzo a los recortes de altos cargos, y para reducir el sector público empresarial. Los distintos gobiernos, central, autonómicos, municipales, y posiblemente también de entes autónomos, deberán hacer, cada cual, ese mismo ejercicio de poda y recorte profundo, hasta convencer a una opinión pública reticente y desconfiada. En todo caso, cada una de las administraciones públicas no tendrá más remedio que cumplir sus compromisos de austeridad para reducir el déficit total del Estado. Ya ha dicho el Gobierno central que cada uno de los gobiernos autonómicos deberá hacer esa tarea por su propia cuenta, y ya veremos el resultado total, y la comparación que será posible efectuar entre unos y otros.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía. Elena Salgado, ha cifrado en 16 millones de euros el «ahorro directo» que supone este recorte. Es un «chocolate del loro», ciertamente, en el conjunto de los gastos de un Estado que, por haber disfrutado de un tiempo amplio de «vacas gordas», había llegado a engordar hasta lo indecible, y lo injustificable, prácticamente sin apenas llamar la atención. Poco parecía preocupar que el número de funcionarios creciera de año en año hasta los tres millones, y que cada ajuste o remodelación, estatal o autonómico, significara más y más altos cargos, más asesores, más despachos, edificios más costosos y más caros de mantener. Cabe recordar la generosidad con que se efectuó la más reciente remodelación del ayuntamiento de Madrid, cuando el alcalde y sus concejales decidieron ocupar sedes mucho más amplias y lujosas, y cuando se gastaron cantidades exorbitantes para acondicionarlas a gusto de su principal inquilino.
Bueno, pues ahora tocará afrontar justamente la operación contraria, que será mucho más dolorosa y a la que se sumarán muchas resistencias. Pero apenas se ha comenzado la tarea: Según el Plan de Racionalización aprobado por el Consejo de Ministros, las empresas públicas estatales recortarán en, al menos un 10%, sus puestos directivos, 40 en total, y un 15% el número de consejeros de aquellas sociedades que cuenten con un consejo de administración de más de seis miembros, 150 en total. La misma reducción porcentual se aplicará a otras entidades públicas empresariales, lo que implicará una amortización de 40 puestos directivos y 300 consejeros. Habrá una excepción para el caso de las autoridades portuarias, en las que la reducción de consejeros será del 40%, según explicó Salgado. La amortización de los consejeros deberá formalizarse antes del 31 de julio, en tanto que la reducción de los cargos directivos tendrá efecto antes de que acabe el año. Los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general. Son los criterios que aplicará el gobierno central, pero es muy probable que serán, también, los criterios que no tendrá más remedio que aplicar las autonomías, del color que fueran. Y a ser posible, con rapidez. De manera ejemplar y como modelo a imitar. Recuérdese que los gobiernos autonómicos suponen ya más de la mitad del gasto público del Estado. Ahora queda por ver quién poda más y mejor.
