José Cavero – La ministra habla de la dependencia.


MADRID, 7 (OTR/PRESS)

Para algunos ciudadanos la atención a la dependencia, «invento» de la presente legislatura, es «el cuarto pilar» del Estado; para otros, es evidente que sigue sin funcionar debidamente por culpa del muy escaso interés que demuestran algunos gobiernos autonómicos en aplicar los criterios… La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, no quiere entrar en conflicto con las autonomías sobre esta materia y prefiere hablar de cooperación y colaboración. Pero da pistas sobre cómo está y funciona esa importante asignatura, en declaraciones que hace al diario El País. Empieza afirmando que «el objetivo de esta norma es que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho, con independencia de dónde residan. Pero poner en marcha la ley ha entrañado mucha complejidad técnica y las comunidades, con la crisis, han visto reducidos sus ingresos. Queremos ayudarlas, es importante mantener una actitud de colaboración y cooperación, porque la confrontación dificultaría aún más el proceso. Cada uno debe cumplir su parte, el Estado y las comunidades».

Añade que en el periodo en que a ella le ha tocado gestionar no ha percibido confrontación. «Unas con más velocidad, otras con menos, en general todos los gobiernos autonómicos han sido responsables y conscientes de que es el momento de dar el empujón. En los tiempos que marca la ley conseguiremos un desarrollo igual para todos». La ministra explica luego que el Gobierno aportó, el año pasado, 2.050 millones, y teniendo en cuenta que las comunidades cofinancian la ley, podríamos estimar en 4.000 millones de euros el coste aproximado. «Algunas dirán que han puesto más, pero es porque computan ahí los servicios sociales preexistentes que ya venían realizando», dice Jiménez…, pero señala seguidamente que estamos en una primera fase, y que hay algunas comunidades donde el Estado ha podido hacer una aportación mayor porque el desarrollo de la ley allí era menor. «Pero todo se irá equiparando con el calendario de la ley, de aquí a 2015, que es cuando estará completa». Explica a continuación que el Estado va a garantizar consignación presupuestaria en la parte que le toca. «Se ha modificado la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para dotar de suficiencia financiera en educación, sanidad y dependencia con una revisión periódica de la población, el envejecimiento, la dispersión territorial, las zonas rurales… Y se les transfieren tributos para que recauden más y hagan frente a estos gastos. Teniendo en cuenta el coste final de esta ley, España está en condiciones de hacer frente a ese gasto. Lo hicimos en 2009, en plena crisis.

También se refiere a los recursos humanos que requiere la aplicación de la ley. «Las comunidades están haciendo el esfuerzo de incorporar a más personas al sistema. Al principio fue difícil, porque las comunidades necesitaban recursos para poner en marcha una ley que tiene mucha complejidad técnica y burocrática. Ya hemos pasado la parte más complicada y más costosa. Ahora, para 2011, nos queda incorporar a los ciudadanos que presenten un grado de discapacidad leve, y eso será más fácil. Ahora se trata de mantener la estabilidad en la financiación». También se refiere a la necesidad de mejorar en la transparencia del sistema. «Es una de nuestras principales preocupaciones. La situación de cada comunidad será transparente y precisa. Queremos establecer límites, garantías y controles para ir enfocando hacia los servicios». Sobre el trabajo de los profesionales, dice la ministra que «tenemos muy buenos trabajadores sociales, y además vamos a incorporar en el equipo de valoradores a los médicos. Pero ha de contar de manera definitiva la opción de la persona. En una inmensa mayoría, los mayores dependientes quieren ser cuidados en casa y por las familias. Es característico del inicio de estos sistemas de protección, pasó también en Alemania. Y forma parte de nuestra cultura, pero creo que todo irá cambiando con el tiempo. De todas formas, hemos establecido controles y acuerdos con las comunidades para evaluar cada año el cuidado que reciben esas personas en casa y los requisitos para ser cuidador.

Es optimista la ministra. Poco a poco, se instaura la dependencia y cada cual desarrolla su tarea.

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